En toda España, según datos del Instituto Nacional de Consumo (INE), durante el año pasado fueron notificados 2.875 productos como potencialmente peligrosos a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información de la Unión Europea (Rapex) para productos industriales no alimenticios.

Del total de las notificaciones, 864 fueron generadas por las Comunidades Autónomas y 2.011 se recibieron de la Comisión Europea (CE), según informó la Cámara de Comercio de Madrid.

Se trata de productos como juguetes, aparatos eléctricos, disfraces, complementos para bebés, ropa, calzado e incluso motocicletas con problemas de seguridad. Los productos más notificados, de manera global, han sido los juguetes (23,2%), si bien en España el mayor número de alertas correspondió al calzado; y en cuanto a los riesgos, el más notificado en España ha sido el de asfixia (17,04%), seguido del de intoxicación (16,35%) y cortes, heridas y lesiones (15,62%).

De entre las objetos notificados el INE establece que 78 de ellos corresponden a rechazos en las aduanas de productos que podían suponer un riesgo grave. Estos datos implican un incremento del 15% con respecto al año anterior. De las 864 notificaciones generadas por Comunidades Autónomas, Madrid ha sido la que ha emitido más notificaciones (191), seguida de Galicia (141) y Andalucía (112).

Así lo anunció esta mañana el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional de Madrid, Antonio Beteta, durante el Primer Encuentro Europeo para la Prevención de los Consumidores que se celebra este lunes en los Teatros del Canal.

El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid solicitó a las autoridades europeas y nacionales una definición clara y sintética de lo que se entiende como "riesgo grave" y un mayor control de la red de alerta internacional en materia de protección al consumidor.  

Beteta explicó que la calificación del riesgo como grave es el punto clave de todo el sistema por el impacto, fundamentalmente económico y de imagen, que ello puede suponer para la empresa productora o importadora y por el impacto en el consumidor, generando alarmas innecesarias.  

Por ello, propuso la ampliación de las fuentes de información para la calificación de un riesgo como grave. En este sentido, Beteta recordó que la seguridad es "objeto de preocupación, no sólo de las autoridades de consumo, sino también de empresarios y consumidores, porque la red de alerta puede causar muchos problemas de inseguridad jurídica".

Consulta las últimas alertas notificadas de productos peligrosos.