PP cree que el pliego de condiciones para la zona azul establece un orden parapolicial y sólo busca recaudar

El concejal del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, José María Moreno, aseguró hoy que el nuevo pliego de condiciones que regulará el contrato de la explotación y control de las zonas azules y naranjas de la capital establece un orden "parapolicial" destinado a "aumentar las demandas y la recaudación en concepto de multas".

En rueda de prensa, la portavoz municipal del PP, Dolores Serrat, y el concejal popular, José María Moreno, explicaron que este nuevo pliego de condiciones, aprobado la semana pasada por el Gobierno de la ciudad y ahora en fase de licitación, llega "con más de dos años de retraso injustificado" y no incluye "grandes novedades", lo que demuestra "la improvisación del equipo de gobierno socialista" en su elaboración, afirmó Moreno.

El concejal indicó que "esperábamos un pliego más complejo y trabajado", pero "parece ser que en dos años no han podido hacer un pliego mejor", aseveró, al apuntar que con el nuevo pliego se pondrán en marcha "experimentos para coches eléctricos y pago con móviles, pero nada más", ya que "las zonas azules son las mismas, ni quitan ni ponen, y también seguirá habiendo el mismo número de expendedoras" de tickets.

Sin embargo, el pliego incluye algunas condiciones "inadmisibles" para el PP, ya que el equipo de Gobierno "quiere convertir a la empresa que gestione este servicio en una empresa parapolicial que se dedicará a aumentar la recaudación en concepto de multas", ya que se transforma a los controladores de la zona azul en "denunciantes profesionales".

En este sentido, Moreno explicó que, con las nuevas condiciones del contrato, los controladores deberán presentar pruebas fotográficas que recojan las infracciones de los conductores, entre ellas el estacionamiento en doble fila, sobre un paso de peatones, en las aceras, en zonas de carga y descarga o en paradas de autobús.

Asimismo, cada controlador formulará las denuncias con una unidad portátil informática con impresora que llevarán con ellos en su trabajo y que será compatible con el sistema informático municipal, para que las denuncias puedan ser descargadas y tramitadas en menor tiempo.

De esta forma, "desde ahora cada controlador que vea un coche mal estacionado hará una fotografía y pondrá directamente la denuncia", advirtió Moreno, al valorar que, este sistema, marca "un nuevo orden parapolicial" en el que "las funciones —establecidas— sobrepasan a las de los controladores".

Para Moreno, "no es serio ni tolerable el afán recaudatorio del alcalde Belloch desde su llegada al Ayuntamiento", ya que en siete años "se han triplicado las demandas". Mientras que en el año 2003 el Consistorio percibía 5 millones de euros en multas "ahora son 15 millones y no hace falta ser muy listo para saber de dónde van a sacar" ese dinero, afirmó, para insistir en que el nuevo pliego de condiciones para las zonas azules y naranjas es "un auténtico instrumento de recaudación".

Listado de reincidentes

Por otra parte, el concejal popular apuntó que entre las nuevas obligaciones de la concesionaria se encuentra comunicar a la Policía Local el listado de reincidentes "no sabemos para qué, ni qué número (de multas) es ser reincidente, ni qué hará la Policía Local" con este listado que servirá para "perseguir de forma implacable a los ciudadanos".

Respecto a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, José María Moreno aseguró que el pliego nace "desfasado de origen" ya que recoge una experiencia piloto con seis enchufes para recargar los coches eléctricos.

Así, aunque "ahora Zaragoza sólo cuenta con tres vehículos eléctricos, el pliego se saca para quince años", recordó para preguntarse "a qué esperan para preparar más puestos de recarga", cuando "el sentido común es no gastar dos veces y prever nuevas inversiones, pero no es así", por lo que "gastar dos veces es gastar mal y con premeditación que es de muy torpes", afirmó.

Por último, Moreno lamentó que el nuevo pliego no rectifique la política de tarificación "abusiva", al volver a establecer una tarifa mínima de 20 céntimos. "Se comete el mismo error que en el pliego anterior" con el objetivo de "aumentar la recaudación", apreció el edil.

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