Tanto el Consistorio gijonés como las asociaciones de mujeres entienden que en esta ley se reconoce ampliamente el derecho de las mujeres a decidir en lo relativo al embarazo y la maternidad, en tanto que hechos que afectan profundamente a la vida de las mujeres, en todos los sentidos.

Además, afirman que el texto de la ley pone fin de modo definitivo a los problemas de inseguridad jurídica que, en ocasiones, la legislación anterior había generado, tanto a algunas mujeres, como a profesionales sanitarios y a las clínicas autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Y destacan que la actual legislación enmarca el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en un marco jurídico de reconocimiento del derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que obliga a las administraciones públicas a la elaboración de una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dirigida a garantizar el derecho de la ciudadanía a la información y la formación en estas materias, procurando especialmente la prevención de embarazos no planificados y priorizando la atención a la juventud y otros colectivos en especial dificultad.

El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón y el Ayuntamiento de Gijón entienden además que se garantiza la equidad en el acceso a los recursos sanitarios necesarios para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, al garantizar esta prestación, tanto en el sistema público como en las clínicas privadas autorizadas al efecto.

Y que la Ley reconoce la evolución de la sociedad española, hombres y mujeres, que ha sido recogida a través de diferentes estudios y, sobre todo a través de la opinión mayoritaria expresada en el Congreso y el Senado de nuestro país, en el sentido de entender que las decisiones en relación con la vida reproductiva corresponden al ámbito más íntimo y personal, y que los poderes públicos deben respetar ampliamente la autonomía y libertad individuales en esta materia.