El titular del juzgado de primera Instancia e Instrucción número 2 de Requena (Valencia) ha archivado la querella interpuesta por la Plataforma No a la Cárcel en Siete Aguas contra la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), del Ministerio del Interior, por supuestos delitos contra la Ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente. El magistrado estima que no se ha cometido ningún delito porque ni tan siquiera se ha comenzado con el movimiento de tierras para construir la instalación.

El juez admitió a trámite la querella el pasado mes de diciembre, en un auto en el que incoó diligencias previas para comprobar los hechos denunciados por la plataforma, y dio traslado de sus actuaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia, según informó a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Tras requerir varios informes, el magistrado ha decidido archivar la querella al considerar que no se había cometido ningún tipo de delito puesto que tampoco se había ejecutado ninguna obra en relación con el proyecto de construcción de la cárcel en Siete Aguas. De esta manera, si no se ha actuado, tampoco puede existir delito.

La plataforma fundamentó su querella en que la construcción de esta cárcel está prevista en una parcela de Suelo No Urbanizable, que incluye 13.000 metros cuadrados (m2) de Suelo No Urbanizable de Protección Forestal.

Además, se basó en la declaración institucional del Consell Valencià de Cultura solicitando una localización alternativa, y en las "objeciones" presentadas por la Conselleria de Medio Ambiente, que señaló el "grave riesgo" de incendio forestal con el consiguiente "problema de evacuación" de los internos y personal del centro, debido a la proximidad con terrenos forestales.

Así mismo, recordó que 253 biólogos valencianos firmaron un Manifiesto de Oposición en el que solicitaban la búsqueda de un emplazamiento alternativo, una solicitud similar a las efectuadas por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas y por la Sociedad Valenciana de Ornitología.

La plataforma señaló que las "dudas" sobre el proyecto habían llegado también al Parlamento, donde se formularon preguntas al Gobierno sobre los riesgos de la instalación y los criterios para la selección del emplazamiento por parte de cuatro grupos parlamentarios distintos: Partido Popular (por medio de los diputados Esteban González-Pons y Susana Camarero), Izquierda Unida (Gaspar Llamazares y Joan Herrera), CiU (Mercé Pigem) y UPyD (Rosa Díez).

"objeciones" e "inconvenientes"

Estas "objeciones", según explicó la plataforma, incidían en los "inconvenientes" que plantea la ubicación elegida por los riesgos derivados de su situación junto a una masa forestal de 25.000 hectáreas, calificada de alto riesgo extremo de incendios y, en especial, por las consecuencias que un incendio en las proximidades podría tener para los reclusos en el caso de que la acumulación de humos obligara a la urgente evacuación de la prisión.

A pesar de todo ello, la entidad denunciaba que el Ministerio del Interior no había realizado el "necesario" estudio de impacto ambiental y había procedido ya a la compra de los terrenos y a la convocatoria de los concursos para el movimiento de tierras y para la construcción de la obra en este emplazamiento "que incluye una zona de suelo forestal protegido", reiteró en ese momento.