"Hay asuntos de naturaleza de interés general o específicos como el de Pancho Guerra que no pueden esperar por estos tiempos", aseguró Hernández, que insistió en que los vecinos tendrán que esperar a la aprobación del Plan General de Ordenación de la capital para poder urbanizar el solar que quedó tras la demolición de las casas.

El edil recordó que la primera solución planteada fue intentar propiciar una modificación puntual del Plan General vigente, pero un informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional advirtió sobre esta ilegalidad.

"Ante ello no quedó más salida que la de incluir la ordenación de todo el Risco de Pancho Guerra, lindando con San Antonio, no sólo la zona afectada por el derrumbe, y hacer una ordenación nueva" de la ladera en el Plan General, añadió el concejal, que lamentó "enormemente que los tiempos sean como son".

Culpa a los cambios en la legislación

En todo caso, insistió en que la Comunidad Autónoma debe proceder a "una reforma profunda de los procedimientos que tienen que ver con la legislación urbanística". A este respecto, denunció que el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Espacios Naturales Canarios del año 2000 "ha sido modificado en diez años trece veces", con el "esfuerzo" que ello conlleva para las instituciones locales del archipiélago. "Por cada cambio legislativo los 88 ayuntamientos tendrían que cambiar su Plan General", advirtió.

Al entender de Hernández, los "trece cambios legislativos generan inseguridad jurídica y eso hace que los 88 ayuntamientos de Canarias sean a día de hoy unos inadaptados a los textos legislativos". "Encima nos castiga el mismo legislador diciendo que no podemos hacer planes parciales o especiales hasta que estemos adaptados o que no podemos hacer una modificación puntual", criticó.