El regidor de UM en el Ayuntamiento de Palma, quien ayer anunció su dimisión de este cargo y el abandono de la vida política, declaró hoy ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), dentro de una pieza secreta abierta en el marco del caso Can Domenge, en el que el edil se encuentra imputado.

Nadal abandonó en torno a las 14.30 horas la máxima instancia judicial de las islas acompañado por su letrado, Josep Zaforteza, con rostro serio y eludiendo hacer declaraciones a los medios congregados a las puertas del TSJIB.

En concreto, el regidor fue interrogado por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal, Javier Muñoz, que instruye el procedimiento principal en torno a las presuntas irregularidades que rodearon al concurso para la enajenación de los solares palmesanos, vendidos por el Consell de Mallorca por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado. En la vista también estuvieron presentes los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau.

Se da la circunstancia de que, por otro lado, Nadal está también citado a declarar mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, en la que será la segunda ocasión -ya depuso el pasado 16 de diciembre- que será interrogado en calidad de imputado dentro del caso Maquillaje. Se trata de otro de los tres procedimientos de presunta corrupción en los que el ex presidente de UM está encausado.

Sin embargo, en esta ocasión lo hará a petición propia, según indicaron hoy a Europa Press fuentes del despacho que le defiende, que, tal y como señalaron, ayer presentaron un escrito ante el Juzgado para solicitar la comparencia de Nadal con el objetivo de "aclarar varias cuestiones" relacionadas con las declaraciones efectuadas por otros imputados de la causa.

Cabe recordar que Nadal se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros dentro del tercer caso en el que está imputado, la Operación Voltor, que investiga el presunto desvío de fondos públicos en forma de contratos irregulares desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a empresarios próximos a UM, durante la actual legislatura. Sobre el imputado pesan además la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.