Daroca ofreció una rueda de prensa, junto al secretario del sector de Administración Autonómica de FSP-UGT de La Rioja, David García, después de que, el pasado lunes, se abriera, públicamente, el sobre con las dos empresas que concurren al "proceso de privatización" de la Residencia Iregua.

Explicó que la primera de ellas, la Fundación Diagrama, en una ONG que se constituye como fundación en el año 1999, y cuyo fundador, Francisco Legaz, psicólogo, "ha sido cuestionado en numerosas ocasiones por sus métodos expeditivos y abusivos".

Según ha comprobado el sindicato, la Fiscalía de Madrid abrió una querella contra la fundación por delitos de torturas y malos tratos, que concluyó con el cierre de tres centros de menores gestionados por Diagrama en la Comunidad de Madrid.

Relató que, según la Consejería de Servicios Sociales de esta comunidad, se debe a que consideró que "los métodos educativos empleados para la corrección de la conducta de los menores no eran los adecuados". También, dijo, se le cerró otro centro en el País Vasco.

La Fundación, explicó, perdió la gestión del centro 'Los Robles', de Madrid, "conocido por ser uno de los más violentos con los derechos de los chavales". En los centros que tiene en Andalucía se presentaron 72 denuncias.

Entre las "violaciones de los derechos humanos" que, tal y como indicó, "se producen en los centros de Diagrama se encuentran el empleo de celdas aislamiento; la medicación forzosa; la violación de la libertad de comunicaciones; y el uso de contención mecánica".

En 2001, relató, se cerraron tres centros de Madrid después de que la Fiscalía encontrase "a un menor de catorce años amarrado a una cama con cinta americana".

En cuanto a la Fundación O,Belén, García explicó que "la utilización de psicofármacos ha llegado a Naciones Unidas". Así, el Comité contra la Tortura de esta organización mostró al Gobierno español su inquietud.

El 17 de diciembre del año 2009, además, Amnistía "hizo público un informe denunciando torturas en los centros de menores y terapéuticos", añadió.

Un informe del Defensor del Pueblo, por otro lado, denunció, en el año 2008, en Picón del Jarama, una sala de contención física "siniestra". A lo largo de los últimos años, apuntó, se han cerrado centros de esta entidad en Azuqueque, Cuenca, y Madrid.

Como conclusión, consideró que "la protección de los menores es algo serio como para darle la gestión a centros que arrastran denuncias".