No obstante, según explicó a Europa Press el secretario general de ASC en Tussam, Isidro Fernández, existe la posibilidad de que, si la empresa no ofrece propuestas en la línea de las reivindicaciones de los sindicatos, los empleados puedan convocar una huelga posterior, con la idea de que ésta pudiera contar con un carácter de indefinido.

En este sentido, Fernández apuntó a la falta de acuerdo con la directiva en las líneas principales y al mantenimiento de las intenciones privatizadoras como los principales puntos de desencuentro, y señaló que los trabajadores votarán si ir o no a la huelga en función de la respuesta que la dirección del ente pueda dar hasta que se convoque el referéndum.

El motivo de que el comienzo del posible paro —comunicado, tal y como marca la normativa, con diez días de antelación— se haya fechado el próximo 9 de marzo obedece a que éste es el día prefijado para la apertura de las plicas para el concurso licitado de externalización de algunos de los servicios de la empresa.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Tussam, Miguel Pereira, indicó a Europa Press que, pese a todo lo debatido y realizado, la central sindical que representa tiene una visión "moderadamente optimista" del futuro de la empresa y su plan de viabilidad.

"Vemos con mayor optimismo la posibilidad de llegar a un acuerdo", recalcó Pereira, que ofreció como base de esta valoración la disposición de los responsables de la empresa a estudiar la propuesta elevada por este sindicato, que pasa por tratar de garantizar la estabilidad de los 140 puestos de trabajo eventuales, con la congelación salarial durante tres años. En cualquier caso, la empresa ha quedado en estudiar la propuesta, "siempre con fórmulas que no supongan un incremento del coste de la masa salarial".

Asimismo, Pereira subrayó la idea de que el concurso para la externalización de once líneas no debe ponerse en marcha mientras no queden claras las posturas del plan, e indicó que la empresa "entiende" la postura de no firmar ningún tipo de acuerdo mientras no haya un contrato-programa donde se garanticen las competencias municipales y la viabilidad de gestión durante los próximo cuatro años, así como un acuerdo de normalización del sistema tarifario.