Según indicaron a Europa Press fuentes municipales y vecinales, el desalojo de personas y enseres de las 17 viviendas y un local comercial, dispuesto por el gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, cuenta con el 4 de marzo como fecha límite, después de que los informes de Bomberos y del Servicio de Control de la Edificación hayan detectado una oxidación de la armadura —lo que hace que pierda capacidad de resistencia y podría provocar la rotura del forjado de la cubierta— y filtraciones por las lluvias, lo que se suma al mal estado de conservación de la vivienda.

Así, todos los habitantes del inmueble tendrán que salir —pese a que había familias que se negaban a ello—, para lo cual la empresa municipal de la vivienda (Emvisesa) ya se encuentra estudiando su parque de viviendas para ofertar según los casos.

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Seguirá ampliación)))