El ex alcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos, imputado en el caso 'Astapa', contra la corrupción municipal en dicha localidad, negó en su primera declaración ante la instructora de esta causa que existiera en el Ayuntamiento esteponero un sistema de doble o triple contabilidad.

Según su declaración, incluida en la parte del sumario, cuyo secreto fue levantado hoy, a la que tuvo acceso Europa Press, el ex regidor, que dijo tener unos ingresos de unos 4.800 euros mensuales, afirmó que no recibió dinero en metálico en sus dependencias particulares y que una empresa no le pagó estancias en el extranjero.

Admitió haber recibido "obsequios en especie" de esa empresa, "los normales", como botellas de champán en Navidad y algunos más "de este tipo", aunque rechazó haber adquirido inmuebles a empresarios a través de sociedades, asegurando que sólo tiene su casa hipotecada y otra de su madre "mediante un contrato privado".

Afirmó que el PSOE recibió donaciones, aunque dijo no conocer los pormenores, puesto que eso lo llevaba el entonces jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, imputado también en esta causa. No obstante, aseguró que las empresas que tenían convenios con el Consistorio "no financiaron ilegalmente al PSOE ni aportaron en especie nada ni a él ni al partido".

En este sentido, negó que diera órdenes a Flores para exigir dinero a las empresas o empresarios y, aunque reconoció que era cierto que hubo eventos que sí fueron patrocinados por algunas firmas, aseguró que estas aportaciones fueron "voluntarias y altruistas" y que no sólo se hacían en Estepona.

Barrientos también negó que influyera en otros compañeros de corporación para que se contratara a personas en el Ayuntamiento o en empresas municipales y reconoció que la situación del Consistorio era "mala" y había "problemas de financiación", aunque aseguró que cuando había estos problemas él no se dirigió a empresarios para financiar el Consistorio.

Respecto a estos problemas, Barrientos señaló que intentaron resolver esas deudas económicas "tomando medidas de tipo impositivo, porque ha habido restricciones en cuanto al uso del dinero procedente de los convenios urbanísticos".URBANISMO

Sobre el urbanismo, aseguró que los empresarios iban primero a hablar con él y "le exponían los términos del convenio" y después se veía con los jefes de servicios técnicos y demás funcionarios y el entonces jefe de gabinete de Alcaldía, que "tenía más experiencia". Pero apuntó que el que decidía era él. Añadió que "antes todos los convenios sí que han pasado por la Junta de Andalucía".

Explicó que en la anterior etapa, con el pacto con el Partido Estepona (PES), una de las condiciones fue que el PSOE llevara el urbanismo y señaló que se nombraron varios coordinadores en este área, uno por cada partido. A este respecto, no estimó que fuera mucho control el que hubiera tres coordinadores de urbanismo.

Asimismo, Barrientos indicó que cuando llegó al Consistorio "se cambió el método de valoración que había anteriormente, que eran bajos porque era la valoración del catrastro", pero apuntó que "siempre" le dijo al secretario que "fuera todo supervisado por los técnicos".

En este punto, explicó que cuando se firmaba un convenio "pactaba que la comunidad participara en esas plusvalías", pero apuntó que "eso no quiere decir que se infravaloraran los aprovechamientos" y aseguró que "no se vendían aprovechamientos urbanísticos". Además, dijo no saber por qué Javier Wittmeur, jefe de servicios técnicos, imputado en el caso, valoraba dichos aprovechamientos cuando existían siete arquitectos.

Además, añadió que en la legislatura 2003-2007 cogió a Francisco Zamorano, edil imputado en la causa, como asesor de urbanismo y explicó que éste desde la Empresa de Planificación y Desarrollo Urbanístico, Empladus, le informaba de "todo lo que podía ocurrir", porque "no se fiaba del señor López Fernández", en referencia al ex asesor de Urbanismo por el PES.