La sala considera probado que Carlos Javier L. y Joaquín B. tenían relación con la víctima, que se dedicaba al tráfico de drogas, y bien porque los dos acusados solían consumir estupefacientes con habitualidad o porque participaban de alguna manera en el negocio, le adeudaban "cantidades de cierta importancia", en un importe que no ha podido ser concretado.

Como cada vez se hacía más alta la deuda, decidieron matarle, y para ello prepararon una pistola Browning Long, recuerdo de familia de Joaquín, porque había pertenecido a su padre, que había sido policía municipal. Los dos acusados fueron con la víctima a un área de servicio en Montesa (Valencia), que estaba ya cerrada, y donde iniciaron una discusión sin que para la sala haya sido posible determinar qué nivel de intensidad alcanzó.

En un momento determinado, la víctima recibió cuatro disparos en el cuerpo, que le causaron la muerte. Joaquín realizó el primero pero no es posible afirmar que los otros tres fueran realizados con esa misma arma o con otra, ni quién los hizo. Posteriormente, introdujeron el cuerpo en el maletero del coche del agente y se subieron al vehículo hasta llegar a Biar, donde dejaron el cadáver en un bancal con olivos, tras despojarle de sus efectos personales.

Durante los días posteriores, la familia de la víctima y una amiga trataron de localizarle y se pusieron en contacto con el guardia civil, quien no les dijo nada e incluso trató de tranquilizarles. Joaquín acabó confesando los hechos a otro agente amigo suyo.

Para la sala, en este caso ha quedado acreditado que ambos acusados actuaron con intención de matar y, aunque sus declaraciones han tenido que ser valoradas "con mucho cuidado" por las contradicciones entre ellas, considera que sí que hay aspectos fácticos "coincidentemente admitidos", como que sólo ellos estaban con la víctima en el momento del crimen, que admitieron la colocación del cadáver en el maletero y su posterior abandono, que cogieron sus objetos personales y que volvieron a por los casquillos.

Por ello, considera probado que intervinieron "activamente" en la muerte y descarta que pudieran actuar por estar mutuamente atemorizados ante el hecho de que fuera el otro acusado quien hiciera los disparos. La sala, que exime a la mujer del agente de encubrimiento, cree que fue homicidio y no asesinato porque no puede confirmarse con exactitud cómo sucedieron los hechos previos a la muerte.

En el caso del guardia civil, destaca que esta condición "incremente su exigencia de una mayor eticidad en su comportamiento", y de ahí que deja la pena por este delito en 15 años frente a los 13 del otro acusado. En ambos supuestos, impone otro años de cárcel más por tenencia ilícita de armas.