Tribunales.- El juzgado archiva la denuncia contra el alcalde de Coria por la liberación parcial de un edil

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria del Río (Sevilla) ha decretado el sobreseimiento y archivo del caso seguido contra el alcalde de la localidad, José Vicente Franco (PSOE), por un presunto delito de malversación de caudales públicos al haber asignado una retribución anual de 18.000 euros para un concejal del PP por una dedicación "parcial" de cuatro horas diarias y sin que formase parte del Gobierno municipal.

Dicho archivo se ha llevado a cabo tras un auto dictado por el juez un día después de la declaración como imputado del propio alcalde, que afirmó que se trataba de un intento "mezquino" promovido por el PA "con el único objetivo de continuar con su política de menoscabar la honestidad de los socialista corianos"

"Es una practica política habitual al que nos tiene acostumbrado el PA, basada en la mentira y la manipulación como único proyecto para este municipio y que denota el nerviosismo existente en las filas andalucistas ante los datos de las encuestas que le sitúan como última fuerza política de la oposición para la próxima legislatura", subrayó Franco.

La Fiscalía llegó a pedir la imputación del primer edil coriano. En su acusación, recogida por Europa Press, recoge que el Pleno de Coria del Río acordó el 29 de junio de 2007 las asignaciones económicas del primer edil y los diez ediles restantes del PSOE que conforman el Gobierno municipal a cuenta de su "dedicación exclusiva" a la actividad municipal. Igualmente, se acordó una retribución anual de 18.000 euros para un concejal "a designar por el alcalde" por una dedicación parcial de cuatro horas diarias.

Así, el alcalde dictó un decreto el 2 de julio de 2007 atribuyendo a un concejal del PP esta asignación y esta "dedicación parcial", aunque el secretario del Ayuntamiento ha "certificado" que mientras ha estado en activo no ha tenido la condición de concejal delegado y "no ha tenido delegado servicio alguno ni cargo político de gobierno".

El fiscal atisbaba un posible delito de malversación de caudales públicos porque la Ley de Regulación de Bases del Régimen Local reserva la dedicación parcial y su retribuciones a "funciones de Presidencia, Vicepresidencia u ostentar delegaciones o responsabilidades". Por eso, solicitó la imputación de dos personas, entre ellas el alcalde de Coria del Río, así como citar en calidad de testigo al secretario del Ayuntamiento.

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