Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública que, como explicó la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, durante su intervención en la Cámara busca que la actuación de los servicios públicos de Castilla y León se orienten a la adecuada atención a los ciudadanos y a la prestación de unos servicios públicos de calidad.

Según explicó la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, con la aprobación de esta Ley, "dentro del tiempo comprometido", se cumple también lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Estatuto de Autonomía, que se refieren, respectivamente, a los derechos de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y al derecho a una buena administración, y se cumple el compromiso del presidente Juan Vicente Herrera en el Debate de Política General de este año.

Alonso destacó asimismo que la Ley aprobada hoy establece una carta de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración y un sistema de garantías a través de la gestión pública. Además, señala las medidas de planificación, racionalización y mejora que son propias de la Administración del Siglo XXI y de las que depende su capacidad para ser motor de desarrollo económico.

En su intervención en las Cortes Alonso lanzó un mensaje de agradecimiento a los grupos parlamentarios por su trabajo y consenso en esta normativa que finalmente incluyó una enmienda del PSOE a través de la que se establece el derecho de los ciudadanos a ser consultados periódicamente sobre su grado de satisfacción con los servicios públicos y las actividades realizadas por la administración y otras siete incorporadas en el texto y que fueron pactadas por PP, PSOE y Grupo Mixto.

"Espero que esta Ley sea un paso adelante en un nuevo marco de relaciones entre los ciudadanos y la administración basado en la modernización y prestación de unos servicios públicos ágiles, accesibles y cercanos que contribuirán a mejorar la calidad de vida en la Comunidad", aseveró Alonso.

Por su parte, el procurador 'socialista' Óscar Sánchez fue el encargado de defender las 13 enmiendas que llegaron vivas la Pleno. Así, durante su intervención recordó que esta norma tiene que ver con los acuerdos adoptados en el ámbito europeo que se plasmaron en el Libro Blanco sobre la Reforma Administrativa.

Sánchez agradeció también el trabajo realizado en el Parlamento en torno a esta norma y aseguró que a través de distintas enmiendas se han modificado el 30 por ciento del total de los artículos, así como tres disposiciones adicionales y se ha conseguido incluir dos nuevos artículos.

De este modo, el procurador socialista consideró que antes de su tramitación parlamentaria la ley era un "menú de diseño" basado únicamente en principios generales que "no siempre estaban bien ensamblados". "Era un menú atractivo pero que dejaba a los comensales insatisfechos, nos deja con hambre".

Tras esta reflexión inicial Sánchez consideró que ahora la normativa ha sido mejorada "sustancialmente", aunque "sigue dejando con hambre al PSOE" sí reconoció que esta "mejor aliñada". "Las enmiendas del PSOE han posibilitado avances reales derechos de los ciudadanos", señaló, aunque concluyó que: "Hoy aprobamos una ley manifiestamente mejorable".

Por su parte, la procuradora 'popular' Josefa García también valoró el consenso y el trabajo realizado en sede parlamentaria, al tiempo que destacó que la Ley no es una "mera regulación de catálogo de derechos", sino que incluyen mejoras a través de la que las políticas incluidas se harán realidad para dar "una mejor respuesta a las demandas de los ciudadanos".

García incidió en que la Ley aprobada hoy es una "opción avanzada" de las dos normativas similares existentes en Galicia y Navarra. "La de Castilla y León es más ambiciosa y completa, está a la vanguardia de la modernización administrativa", aseguró.

Finalmente, la procuradora 'popular' argumentó la no aceptación de algunas de las enmiendas del PSOE porque supondrían un "incremento importante del gasto" en algunos casos y, en otros, "más burocracia".

La ley

La norma señala los principios generales a los que ha de someterse la actuación de la Administración de la Comunidad: transparencia, eficiencia, economía, simplicidad, innovación, mejora continua, anticipación, responsabilidad, participación y equilibrio territorial.

También establece que la administración autonómica ha de aplicar los mecanismos e instrumentos que le permitan relacionarse con otras administraciones para la obtención de objetivos e intereses públicos comunes y la mejor satisfacción de las demandas de los ciudadanos. Por otro lado, las normas y procedimientos administrativos han de ser claros y comprensibles y el lenguaje de los medios públicos de información accesible.

En el marco general de una conducta socialmente responsable, la administración autonómica habrá de tener en cuenta en su organización y su actuación el principio de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la necesaria compatibilidad entre la protección y mejora del medio ambiente y el desarrollo económico, siendo éste último un principio rector de las políticas públicas y de sus actuaciones. ESTRUCTURA

El texto normativo cuenta con cuatro títulos y 63 artículos y, junto la regulación de sus derechos en sus relaciones con la administración, incorpora la de la responsabilidad administrativa y del derecho de petición, que permite a los ciudadanos trasladar informaciones que puedan ser tenidas en cuenta o sugerir la solución a un conflicto que deba ser objeto de actividad administrativa.

Así, el Título I está dedicado a regular los derechos y garantías de los ciudadanos. Se regula el derecho a recibir información, la atención al ciudadano y el derecho de acceso a los servicios públicos y la elección multicanal, incorporándose herramientas de última generación como el catálogo de servicios y la ventanilla única.

El Título II, por su parte, contempla un sistema de garantías a través de la gestión pública y de la modernización administrativa, recogiendo que esta gestión incorporará medidas de modernización y mejora que integren las estrategias de planificación, evaluación y calidad. Además, se regula la racionalización administrativa con medidas como la simplificación procedimental, la reducción de cargas administrativas o la evaluación del impacto normativo.

Finalmente el Título III aborda la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios como una garantía más para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración. En él se recogen aspectos como el sistema de evaluación o las Cartas de Servicios.