Los grupos parlamentarios del PPdeG y BNG reclamaron hoy al Gobierno central que "no retrase" las negociaciones con la Administración autonómica sobre los preceptos de la Ley de Cajas de Galicia —que votaron a favor estas formaciones en la Cámara autonómica— recurridos en el Tribunal Constitucional con el objetivo de desbloquear la normativa gallega. Por su parte, el PSdeG instó a la Xunta a que "rectifique" todos los puntos y da la "bienvenida a la Constitución" al Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Así se manifestaron las tres formaciones nada más conocer el resultado del encuentro bilateral entre Xunta y Estado, que se celebró hoy en Madrid, y que culminó con acuerdos en seis puntos que el Ejecutivo central recurrió.

En este contexto, el portavoz de Economía del PPdeG, Pedro Puy, destacó los "avances" alcanzados hoy, que enmarcó en cuestiones "formales y técnicas" y que, según sus primeras informaciones, "no afectan en ningún caso al contenido de las competencias" gallegas.

"Esperamos que, ya que se encarriló un poco el acuerdo, el Gobierno de Madrid siga por la senda de la negociación y no la retrasen", expresó Pedro Puy, quien mostró su certeza de que "la Xunta está dispuesta a negociar esta tarde, esta noche y mañana por la mañana".

De este modo, esperó que se pueda cerrar un acuerdo "cuanto antes" para que se pueda traer de nuevo a la Cámara autonómica y, en su caso, "pueda ser aprobado".

En todo caso, recordó que "no se debía haber llegado" a esta situación, dado que, a su entender, la normativa "está totalmente adoptada" a la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca), algo que argumentó en base a manifestaciones de juristas. "Espero que no haya tácticas dilatorias del gobierno, pero el movimiento se demuestra andando y negociar se demuestra negociando", sentenció.

Bienvenido constitución

Sin embargo, el presidente del Grupo Parlamentario del PSdeG, Manuel Vázquez, fijó el acuerdo en la necesidad de que el Gobierno gallego "se ponga a bien con la Constitución" en el resto de puntos sobre los que hay discrepancias y emplazó a "seguir negociando", tras dar la "bienvenida" a la Carta Magna.

De este modo, culpó al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y al jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, de "estar poniendo en riesgo el sistema financiero de Galicia" al no adaptar, a su entender, el texto a la Constitución.

"Y lo digo avalado por el TC, el Consejo de Estadio y lo digo avalado porque acaban de asumir la rectificación de seis artículos", argumentó el líder de los socialistas gallegos. "Ahora tienen que rectificar los diez", apremió.

En contraposición, el portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, observó que las negociaciones "están en el mismo punto" que el miércoles pasado y culpó al Gobierno central de "querer imprimir un ritmo más lento".

Por ello, consideró que "le está llegando la hora de la verdad a Feijóo" y tiene que "presentar ya el recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria". "Recurso contra recurso", insistió, tal y como ha manifestado desde que se conoció la apelación del Gobierno central ante el TC.

Para Aymerich, la presentación del recurso demostraría una "postura de fuerza" ante las negociaciones y propiciaría un "acuerdo satisfactorio". "Las noticias no son buenas y se sigue impidiendo que Galicia tenga una nueva ley y un poder financiero con cajas de ahorro propias", lamentó.

Adaptación ley andaluza

Por otro lado, el líder del PSdeG llamó la atención sobre las declaraciones del presidente de la Xunta ayer en Bilbao, en las que se mostró a favor de copiar la ley andaluza que regula estas entidades financieras para invitarle a hacerlo.

Asimismo, subrayó que la normativa de la Comunidad andaluza recoge que la renovación de sus órganos de dirección se realiza en seis meses (dos meses en el caso de la gallega) o que la aprobación de una fusión se aprueba con los dos tercios de las asambleas. "Sea coherente con lo que dijo", instó al presidente gallego, al que recriminó que estos aspectos son los que "niegan" en la negociación con el Gobierno central.