María Ángeles M.B. declaró ante la Audiencia Provincial de Cantabria que no era "consciente" de ser la administradora de la empresa 'Zogar' —que canalizaba la compra de cuatro inmuebles, entre ellos el chalet donde vive—, ni de ser titular de siete cuentas bancarias distintas o la destinataria del dinero de los pagos con tarjeta efectuados en el club, algunos de los hechos que se le imputan.

Su hijo corroboró esa versión, explicando ante la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria que en el domicilio familiar "no se hablaba nunca de dinero", un tema "tabú" por el carácter "autoritario" del esposo, fallecido en 2005, quien con frecuencia se "iba de viajes" o "al Casino". Madre e hijo coincidieron en relatar que a la casa familiar ni siquiera llegaban facturas bancarias.

Sin embargo, los policías nacionales y los funcionarios de vigilancia aduanera que estudiaron los movimientos económicos de los implicados describieron una "organización" en la que el matrimonio y una camarera recibían el 18% del importe de los terminales electrónicos y, junto a otro camarero, se realizaban traspasos del negocio, locales e incluso del domicilio familiar con la intención de "ocultar" estos bienes.

Mientras, a través de sus "interrelacionadas" cuentas bancarias", el dinero iba "fluyendo" y provocándoles beneficios "ilícitos" de la "esclavitud" a la que sometían a las mujeres extranjeras, obligadas a vivir en el propio local.

Los delitos de prostitución, inmigración clandestina y explotación sexual ya fueron juzgados en su momento, y lo que hoy se ha juzgado, quedando visto para sentencia, es el blanqueo de capitales procedente de esta actividad.

La investigación económica comenzó a raíz de detectarse los delitos de prostitución y blanqueo de dinero, al apreciarse "interminables indicios" de que sus bienes suponían "mucho más de lo que estaban declarando". "Era imposible que tuviera el patrimonio que tenía", señalaron, apuntando también a la acusada como beneficiaria de esta actividad.

"no era consciente"

La acusada relató ante el juez que se casó con el ya Fallecido Emilio Z.G. en 1973, en régimen de separaciones de bienes. Según contó, él "siempre ha tenido negocios" como bares, restaurantes t actividades hosteleras.

La acusada describió a su marido como hombre que la tenía "en casa sin saber nada de nada". "En mi casa de dinero no se hablaba nunca", Al respecto, su hijo incidió en el "desconocimiento total" que percibía en su madre respecto a las actividades económicas de su padre.

Y ello porque ese era un tema "tabú" del que la familia no tenía "ni idea" y del que ni siquiera hablaban entre ellos en ausencia del padre. "Las cosas de mi padre no se hablaban en casa", aseveró. Emilio Z.G. fue descrito por su hijo como un hombre "autoritario y soberbio" que "hacía y deshacía lo que quería" y a quien "nadie le podía discutir".

En concreto, ella era la propietaria del local donde se instaló el 'Angelos', que le alquiló a su propio esposo y luego a una socia de él, camarera en el local. Pero "no conocía" las actividades que se desarrollaban en su interior y de hecho, "nunca entró" en el establecimiento, que no llegó a conocer "físicamente".

También dijo ignorar la existencia de la empresa Zogar (cuyo nombre responde a la mezcla de los apellidos del esposo). Es una compañía en la que María de los Ángeles M.B. figura en el Registro Mercantil como administradora única, pero de cuya existencia dijo haberse enterado en el curso de la instrucción judicial.

María de los Ángeles sólo reconoció ser titular de dos de las siete cuentas bancarias a su nombre. Pero relató que ella "en 20 años, habría ido una o dos veces al banco" y "dos veces" a un notario. El dinero, dijo, se lo daba semanalmente su esposo, quien "nunca" le "ha explicado nada".

Ni contrató ningún sistema de telepago, ni compró moneda extranjera ni realizó operaciones con fondos de inversiones, según respondió en su interrogatorio.

Movimientos económicos

En total, el Ministerio Fiscal estima que la acusada, que arrendaba el local del 'Angelos' que gestionaba su marido, recibió un total de 580.647,58 euros procedentes de las actividades ilegales —una red de prostitución de inmigrantes ilegales— por las que su esposo, ya fallecido, fue condenado en el año 2006. Los informes económicos sólo reflejaron 160.000 euros de ingresos declarados en cinco años, por el arrendamiento del local.

La acusada, que no estaba dada de alta en ninguna actividad económica, adquirió con ese dinero dos vehículos y cuatro inmuebles en Santander. También se hizo con moneda de otros países y realizó numerosas operaciones de enajenación de fondos de inversión o transmisión de valores. Todas estas operaciones ascendieron a 746.931 euros, y en su cuenta constaban ingresos medios de 300.000 euros de los que no se acreditaba su procedencia.

A estos movimientos la Fiscalía ha sumado los que se registraron en el año 2004, ante la "absoluta" oposición de la defensa, que considera que con esta "adición" de hechos nuevos se crea "indefensión" a la acusada, por no haber podido preparar su estrategia ante estas nuevas acusaciones.

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