El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, consideró hoy que la reforma parcial de la Ley del Suelo es "inaplazable", ya que tiene por objeto avanzar hacia una ordenación del suelo rústico "más consecuente" con el medio rural como ámbito productivo y cede "más competencias" a los ayuntamientos.

El pleno de la Cámara celebró hoy el debate de totalidad del proyecto legislativo que reforma la Ley del Suelo aprobada en 2002 por el ex conselleiro Xosé Cuiña y que supondrá la cuarta revisión de la normativa. El respaldo del PSdeG a que el texto arranque su tramitación en el Parlamento y su abstención sobre la petición de devolución del texto que solicitaba el BNG avanza en la consecución de un pacto por el territorio entre socialistas y el Gobierno gallego.

En su intervención ante el pleno de la Cámara, el titular de Medio Ambiente destacó también la "agilización" que supondrá de cara a la tramitación de los planes urbanísticos municipales. Para argumentar su importancia, señaló que sólo 39 ayuntamientos cuentan con plan de ordenación, mientras que 66 carecen de él y, de los 247 restantes, "algunos llevan más de 30 años" tramitándolo.

También se mejora, según apuntó, la velocidad en la concesión de licencias en suelo rústico, ya que se reducen en un 60 por ciento las referidas a obras mayores y en un 80 por ciento, las menores. Para ello, se eliminan los tres meses de trámite para solicitud de la autorización autonómica, al tiempo que se reduce el tiempo de envío.

En cuanto a los núcleos rurales, se subdividen en histórico tradicional; consolidado, con un grado de consolidación de la edificación igual o superior al 50 por ciento de la superficie; no consolidado, con un índice de entre el 33 y el 50 por ciento; y complejo, caracterizado por la compatibilidad de características de los dos anteriores. DEBATE

Enfrente, la portavoz de Territorio del BNG, Teresa Táboas, defendió una enmienda a la totalidad de la ley, por entender que esta normativa pretende "trasladar la especulación inmobiliaria al suelo rústico" en detrimento de sus sectores productivos. "No les llegó destrozar los núcleos urbanos y el litoral", recriminó al PPdeG.

A mayores, censuró que la Xunta haga "dejación de funciones" en los ayuntamientos al concederles mayores competencias. "No quiere ejercer su competencia de velar por la ordenación del territorio", reprobó, al tiempo que apuntó que "no es oportuno" aprobar por el trámite de urgencia una ley de "trascendencia vital".

Con este punto coincidió la coordinadora de Territorio del Grupo Parlamentario Socialista, Mar Barcón, quien opinó, además, que la reforma que plantea la Xunta "no atiende las necesidades de la sociedad" ni da "cumplida respuesta a las demandas" de los ayuntamientos.

A pesar de ello, se mostró favorable a que la ley entre en la Cámara autonómica con el objetivo de poder incluir las 45 enmiendas parciales que su grupo ha presentado. "Tendemos la mano por responsabilidad, pero no es un cheque en blanco", advirtió, convencida de la necesidad de que Galicia culmine "la vergüenza de no haber cerrado el debate sobre el territorio".

Finalmente, después de que socialistas y nacionalistas criticaran que las edificaciones en situación irregular se incluyesen en las ordenaciones en virtud de una especie de "amnistía", el portavoz del PP en el debate parlamentario, Román Rodríguez, se mostró favorable de dar salida a "las casas de los padres y los abuelos" en el rural y no "dejarlas en el limbo". Además, incidió en que "hay quien vive en el rural y no quiere ser un museo vivo, sino vivir y trabajar".

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