María Ángeles M.B. declaró ante la Audiencia Provincial de Cantabria que no era "consciente" de ser la administradora de la empresa 'Zogar' —que canalizaba la compra de cuatro inmuebles, entre ellos el chalet donde vive—, ni de ser titular de siete cuentas bancarias distintas o la destinataria del dinero de los pagos con tarjeta efectuados en el club, algunos de los hechos que se le imputan.

Su hijo corroboró esa versión, explicando ante la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria que en el domicilio familiar "no se hablaba nunca de dinero", un tema "tabú" por el carácter "autoritario" del ya fallecido esposo, que con frecuencia "iba de viajes" o "al casino". Madre e hijo coincidieron en relatar que a la casa familiar ni siquiera llegaban facturas bancarias.

Sin embargo, los policías nacionales y los funcionarios de vigilancia aduanera que estudiaron los movimientos económicos de los implicados describieron una "organización" en la que el matrimonio y una camarera recibían el 18% del importe de los terminales electrónicos y, junto a otro camarero, se realizaban traspasos del negocio, locales e incluso el domicilio familiar con la intención de "ocultar" estos bienes.

Mientras, a través de sus "interrelacionadas" cuentas bancarias", el dinero iba "fluyendo" y provocándoles beneficios "ilícitos" de la "esclavitud" a la que sometían a las mujeres extranjeras, obligadas a vivir en el propio local.

Los delitos de prostitución, inmigración clandestina y explotación sexual ya fueron juzgados en su momento, y lo que hoy se ha juzgado, quedando visto para sentencia, es el blanqueo de capitales procedente de esta actividad.

(Seguirá ampliación)

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