Expertos en Derecho de las universidades de Santiago de Compostela y A Coruña avalaron hoy la constitucionalidad de uno de los preceptos recurridos por el Gobierno central en la Ley de Cajas de Galicia, concretamente el referido a la renovación del 75 por ciento de las cúpulas de los entes crediticios. Además, apremiaron a las Administraciones autonómica y estatal a resolver las divergencias que motivaron la acción del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, puesto que —avisaron— paralizar la normativa por esta vía perjudica los intereses de la comunidad.

Sobre el precepto que recoge la renovación del 75 por ciento de los órganos de dirección en un plazo de dos meses, tres profesores de Derecho de Constitucional consultados por Europa Press recodaron que la Xunta cuenta con competencias "plenas" para regular las cajas, al tiempo que constataron que esa renovación sería parcial al no plantearse para el 100 por cien de los miembros directivos. Además, consideraron que las dificultades que se plantean entre las dos administraciones se centran en determinar "hasta dónde" puede regular cada una de ellas.

El Gobierno central alegó, en su argumentación del recurso tras el informe del Consejo de Estado, que la renovación como figura en la disposición transitoria primera "infringe" la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA). El Ejecutivo central argumentó que, aunque sigan en su cargo un año más los representantes de los empleados y la mitad de los impositores, "no hace desaparecer el vicio de inconstitucionalidad", ya que no es "suficiente" para calificar de "no radical" el cambio en los miembros de las asambleas.

"excluye renovación total"

Sin embargo, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidade de A Coruña José Antonio Portero Molina, dudó sobre este aspecto concreto del recurso, puesto que el 75 por ciento "excluye una reforma total", que es la que conllevaría una inconstitucionalidad, por lo que defendió que ese grado de sustitución en las asambleas y consejos de administración atiende a la "parcialidad" que recoge la normativa estatal y, por lo tanto, está enmarcada en la Carta Magna.

No obstante, este mismo técnico hizo hincapié, en declaraciones a Europa Press, en que el recurso del Gobierno está planteado tras un informe del Consejo de Estado, por lo que rechazó que se vea como "un recurso político" y lamentó que haya voces que se "lancen a la descalificación" y lo califiquen como "un insulto a Galicia". Por ello, enmarcó en la "normalidad" el proceder del Gobierno central.

En su opinión, esta situación se deriva de la "urgencia y la falta de comunicación" entre ambas administraciones, ya que defendió la "cualificación de los servicios jurídicos" de las dos instituciones, al tiempo que confió en que las negociaciones bilaterales, que mañana continuarán en Madrid entre Xunta y Estado, sean el foro en que se diriman las diferencias para adaptar la ley y evitar que su resolución sea por la vía del Tribunal Constitucional. "Sería lo más coherente e inteligente", afirmó al apostar por la vía de diálogo.

También el catedrático de Constitucional de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Roberto Blanco Valdés se fijó en que la ley gallega "regula las competencias plenas" de la comunidad y entendió que "no debería haber dificultades" en lo que respecta a la renovación de las asambleas de las cajas y su constitucionalidad.

Si bien reconoció que puede haber aspectos "más discutibles" en la normativa, defendió la generalidad de la ley gallega, porque "no hay ninguna inconstitucionalidad sustancial", y enmarcó el recurso del Gobierno central en la intención de "forzar una negociación de los aspectos que se rechazaron en el Parlamento" por parte de PP y BNG, que aprobaron conjuntamente el nuevo marco.

"excesivo intervencionismo si hay mal uso"

Del mismo modo, Blanco Valdés manifestó, en declaraciones a Europa Press, que "tampoco debería presentar problemas" la capacidad de la Xunta de autorizar un sistema institucional de protección (SIP) para las entidades crediticias. Además, avaló la capacidad de intervención de la comunidad autónoma en la decisión de las cajas.

No obstante, sobre este extremo avisó de que el grado de intervención, tal y como está planteado en la normativa gallega, "puede ser excesivo, en un momento dado, si se utiliza mal", es decir, si se emplea de forma "sectaria y partidista", advirtió.

A su juicio, sienta un "precedente nefasto" que el Gobierno "abuse, no use, la potestad de impugnar" una normativa autonómica porque, en este caso, no se observa —indicó— que se interfiera en "los intereses generales del Estado". En este escenario, esperó la resolución del conflicto con el Gobierno a través de las negociaciones abiertas y en las que participan los conselleiros de Presidencia, Alfonso Rueda, y de Facenda, Marta Fernández Curras, así como el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

En un sentido técnico, el experto Jaime Rodríguez-Arana, de la Universidade de A Coruña, llamó la atención acerca de que la regulación de las cajas es "exclusiva". "El problema jurídico es ver hasta dónde llegan las competencias del Estado y dónde las de la comunidad", constató. Además, cuestionó el hecho de que la regulación de los órganos rectores (como el Banco de España) esté recogida en una ley orgánica, en lugar de en una normativa específica desarrollada a partir del marco general.

Por consiguiente, Rodríguez-Arana interpretó que el recurso del Gobierno está "forzado" y apostó por "dejar espacio" a las comunidades autónomas a la hora de regular sus competencias. Así, consideró que se "está llevando la constitucionalidad a aspectos anecdóticos" que deberían ser "objeto de un reglamento" y no de una ley orgánica como la LORCA.