La iniciativa fue rechazada con doce votos en contra por los grupos que apoyan al Gobierno, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR), así como por Chunta Aragonesista e Izquierda Unida (IU), mientras que fue apoyada con seis votos del PP.

La proposición no de ley, solicitaba, concretamente, que los directores de las citadas oficinas delegadas fueran nombrados por el Gobierno de Aragón y que éstas estuvieran integradas por empleados públicos seleccionados de acuerdo con los procedimientos ordinarios de provisión, según lo previsto en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

El diputado del PP, Manuel Guedea, precisó que el objetivo de la iniciativa era contribuir a la "racionalización" y "austeridad" en el gasto público, sustituyendo el actual personal eventual por personal funcionario, ya que la Administración de la Comunidad autónoma cuenta con empleados públicos "perfectamente capacitados", así como a la "profesionalización" de los trabajadores de estas oficinas.

Por lo que respecta al director, estimó que debía tener el rango de director general o similar. Agregó que su grupo apoyaba la creación de estas oficinas y su potenciación, pero "otra cosa es su composición y estructura".

El diputado del PSOE, Carlos Tomás, opinó que el hecho de que el trabajo de estas oficinas se hiciera por personal eventual en vez de por funcionarios públicos "no afecta ni a su efectividad ni a su eficacia" y apuntó que el personal eventual "también es una clase de empleado público".

El diputado del PAR, Javier Allué, explicó su voto en contra al recordar que la elección del personal de estas oficinas delegadas es una "potestad de la autoorganización del Gobierno", según el ordenamiento jurídico, y el diputado de CHA, Chesús Bernal, se manifestó en el mismo sentido.

Según indicó, el Ejecutivo "es quien tiene que decidir" el personal,*al tiempo que abogó por dar "estabilidad" a los equipos humanos de estas oficinas. Por otra parte, puntualizó que una cosa es que sea personal eventual y otra "que el Gobierno se haya equivocado en determinados nombramientos", en unas oficinas delegadas*que apostó por "potenciar" porque "en estos momentos están mal empleadas".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, votó en contra tras manifestar sus "dudas" sobre la necesidad de ambas oficinas ya que en el caso de la de Madrid se pueden "resolver" las cuestiones entre las administraciones central y autonómica por "los ámbitos normales de relaciones", mientras que la de Bruselas desarrolla "más" una función de grupo de presión "por intereses económicos", opinó.