En concreto, el decreto establece una reducción de los plazos de tramitación de doce a seis meses para evitar una excesiva burocratización. Para ello, se regula la posibilidad de emplear medios telemáticos, informáticos y electrónicos, al tiempo que se otorga a los ayuntamientos un papel fundamental, pues de ellos partirán las solicitudes de valoración.

Entre otras novedades, la entrada en vigor de la normativa supondrá que a partir de ahora se priorizará la atención a los solicitantes con un grado de dependencia más elevado, y no por rigurosa orden de entrada.

Además, el texto incluye una medida para sistematizar los pagos y evitar posibles retrasos, ya que hasta el momento era necesario comprobar en cada expediente la justificación del gasto antes de pagarlo.

Junto a esto, la norma incluye la regulación de un procedimiento de casos de emergencia, según el cual se establece el guión a seguir en situaciones de desamparo, malos tratos e importante deterioro físico o psíquico.