Durante sus comparecencias ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, el fiscal Pedro Horrach y varios abogados personados en la causa, ambos encausados fueron interrogados acerca del informe que fue encargado por el Govern al bufete por unos 29.000 euros para la implantación de la Radiotelevisió balear IB3, así como sobre los pagos que efectuaron posteriormente desde este despacho al ex presidente del Ejecutivo autonómico, Jaume Matas, cuando éste había abandonado la política.

Sin embargo, Alcubillas y González no fueron los únicos que declararon hoy dentro de esta causa, ya que esta mañana también depuso como testigo la ex directora general de IB3, María Umbert, quien fue imputada dentro de una pieza secreta del caso Palma Arena que investiga la presunta financiación ilegal del PP y como tal prestó también declaración en otra sala, asistida por el letrado Josep Zaforteza.

En su comparecencia como testigo, explicó ante el juez que para la elaboración del informe, como jefa de gabinete de Matas eligió a la asesoría Estudios Jurídicos y Procesales -frente a las otras dos ofertas que se presentaron para la elaboración del estudio- ya que sus abogados eran "muy cualificados" y preparados para realizar este estudio, adjudicado mediante un proceso negociado sin publicidad ya que no superaba los 29.000 euros.

Según señalaron fuentes jurídicas a Europa Press, Umbert aseveró que apostó asimismo por este bufete tras entrevistarse con responsables de varias cadenas autonómicas que le hablaron de la profesionalidad de los letrados del despacho, que se encuentra bajo investigación judicial por dos presuntos pagos irregulares que ascenderían a unos 31.000 euros y que realizó en 2007 a Matas, cuando éste ya se había retirado de la política.

Precisamente sobre el informe para implantar IB3 se refirió el pasado miércoles la ex vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, quien también declaró ante el juez como testigo y recordó que firmó la autorización del pago.

Un informe que fue concedido mediante un proceso negociado sin publicidad, según dijo, ya que fue adjudicado tras "cursar invitaciones a distintas empresas y optar por la que cumplía las bases del concurso". Sin embargo, afirmó que no fiscalizó el expediente de este contrato ya que "daba por sentado que era correcto".