Un juzgado de Bilbao iniciará en marzo un sistema piloto de mediación intrajudicial en la jurisdicción social

Se prevé que un 10% de casos puedan acogerse a esta iniciativa, con la que se pretende contribuir a "pacificar" las relaciones laborales

El Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao desarrollará ,a partir del mes de marzo, una experiencia piloto, pionera en el Estado, que permitirá poner en marcha un sistema de mediación intrajudicial en la jurisdicción social. Se estima que entre el 10 y el 12 por ciento de los casos que llegan al juzgado puedan ser objeto de esta iniciativa, que tiene entre sus objetivos contribuir a "pacificar" las relaciones laborales.

La experiencia fue presentada hoy en Bilbao por la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Uria, el viceconsejero vasco de Justicia, José Manuel Fínez, el presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Tomás Arrieta, la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, el decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia, Alipio García Ross, y la magistrada del juzgado donde se desarrollará la iniciativa Beatriz García Celaá.

La experiencia piloto, impulsada por el Consejo General del Poder Judicial con la colaboración del Gobierno vasco y el Consejo de Relaciones Laborales, se prolongará durante un año, aunque desde los organismos intervinientes se mostraron convencidos de que se extenderá.

La magistrada Beatriz García Celaá, que propuso esta iniciativa y será encargada de desarrollarla, explicó que la iniciativa se desarrolla en un contexto en el que "la OIT recomienda pacificar las relaciones laborales" en el actual momento de crisis. Se espera poder ponerla en marcha en el mes de marzo, después de que el próximo lunes se presente ante el Colegio de Abogados y de Graduados Sociales.

Podrán acogerse a esta mediación "supuestos de acoso laboral, sanciones, modificaciones sustanciales, clasificación profesional, determinadas demandas de cantidad o reducción de jornada", según indicó la magistrada. Por el contrario, no cabrá esta mediación en conflictos colectivos o materias electorales, ni tampoco en demandas de carácter colectivo o despidos y extinciones de contrato.

Se estima que entre un 10 y un 12 por ciento de los casos que entran en el juzgado podrían ser objeto de mediación, según detalló García Celaá, que explicó que, en la actualidad, "por la situación de crisis la mayor parte de las demandas son de cantidad, impagos de salarios o despidos" y por tanto "el mayor porcentaje no serían susceptibles de mediación".

En cuanto al procedimiento que se seguirá, la magistrada indicó que, una vez presentada la demanda ante el juzgado, su titular procederá a decidir si el asunto es objeto de mediación y se citará a las partes para que acudan al CRL, en el auto de admisión a trámite. Según indicó, "la idea es que esto no suponga ningún retraso en la celebración del juicio", por lo que las sesiones de mediación, que tendrán carácter voluntario, se deberán desarrollar "dentro del plazo señalado en el auto de señalamiento de juicio".

En caso de que se alcance un acuerdo, que será transcrito por abogados y graduados sociales, se hará constar por medio de un auto que será ejecutivo. En caso de que no se logre, se celebrará el juicio "con la misma celeridad que se hubiera celebrado sin mediación" y sin posibilidad de que se presenten alegaciones respecto a ese periodo.

Justicia abierta

En su intervención, el viceconsejero de Justicia reiteró el compromiso de su departamento por "fomentar la mediación" no sólo con el objetivo de "aliviar la carga de los órganos judiciales", sino también en una apuesta por "un sistema de justicia abierta" en el que se "procure para el ciudadano fórmulas diversas de resolución de los conflictos" y evitar "judicializarlo todo" potenciando "instrumentos de pacificación social".

Asimismo, destacó que, tras la experiencia en la jurisdicción penal y familiar y la nueva iniciativa en la jurisdicción social, se pretende "dar pasos también a la jurisdicción civil en algunas materias muy señaladas".

En función de los datos aportados por Margarita Uria, actualmente existen 82 juzgados en España que realizan mediación en el ámbito de lo Penal, 28 en el ámbito familiar y se "está empezando a hacer ahora en Barcelona mediación civil, y hay un proyecto muy bonito para Vitoria".

La vocal del CGPJ destacó "la vertiente de justicia restaurativa" de la mediación como medio de resolución de conflictos "no tan hostil". "La justicia gana cuando son los ciudadanos los que se incardinan a través de los mediadores y acercan sus posturas en un procedimiento de este estilo", aseguró.

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