"No es nueva nuestra postura, porque nace del convencimiento expresado ya en múltiples ocasiones a lo largo de estos últimos años, de que no se pueden imponer los deseos identitarios, por encima de los derechos laborales de los trabajadores. Así se hizo con el anterior gobierno, utilizando el rodillo normativo y menospreciando la realidad sociolingüística de los territorios y las peculiaridades de los centros y de las etapas educativas", manifestó el sindicato.

La central dijo confiar en que este Departamento sea "sensible" a esta solicitud, porque cree necesario un tiempo de adecuación, una reflexión "serena y eficaz, un espacio para debatir y considerar todas las circunstancias que rodean este tipo de decisiones".

Por ello, espera del Departamento de Educación la "comprensión necesaria y la valoración adecuada de los cambios normativos imprescindibles, que no supongan merma en los derechos laborales (pérdida incluso del puesto de trabajo) de los docentes".