Esta propuesta se desglosa en ocho puntos que la también diputada de CHA en el Parlamento autonómico remitió ayer a los dirigentes de todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón para que en un tiempo prudencial le envíen una respuesta.

En rueda de prensa justificó esta iniciativa al argumentar que la crisis económica, laboral y social en Aragón es "lo suficientemente grave y complicada" que los partidos políticos "tenemos que asumir la responsabilidad que la sociedad nos exige y tener una visión más amplia de la que cada formación tiene para ser más ambiciosos y tener una visión global de país".

Esta petición de llegar a un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas surge "tras escuchar durante un año la reivindicaciones de los sindicatos y el tejido empresarial dada la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora".

En este sentido, criticó que el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón (AESPA) "nunca, ni siquiera por el Gobierno de Aragón, fue considerado como una medida apropiada para el periodo de crisis, sino que el propio presidente Iglesias dijo que era para la etapa posterior a la superación de la crisis". Además, señaló que algunas medidas del AESPA incluía medidas sin desarrollar anteriormente y los agentes sociales "dijeron que hacía falta mucho más".

A su parecer, "hay que ir más allá de la presentación de iniciativas parlamentarias" y abogó porque entre todas las fuerzas políticas se actúe de forma coordinada y "entre todos tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo para plantar medidas coherentes".

Ocho puntos

El documento sintetiza en ocho apartados las líneas de actuación propuesta por CHA y que son un punto de partida, precisó Ibeas para explicar que "no plantea medidas concretas porque entonces jamás se llegaría a un acuerdo, sino que hay que buscar la generosidad de todos los grupos políticos" y estimó que "no hubiera sido correcto el presentar medidas absolutamente cerradas".

Tras el envío de la propuesta a todos los dirigentes de las fuerzas políticas en Aragón confió en obtener una respuesta positiva y "los que no estén de acuerdo tendrá que dar una explicación, aunque estemos a un año y medio de las elecciones autonómicas y municipales", sentenció.

El primero de los enunciados de la propuesta recoge la protección a las personas que están sufriendo con más crudeza los efectos de la crisis y se encuentran en riesgo de exclusión social, como los parados y sin suficientes recursos.

Reforzar las políticas activas de empleo para generar puestos de trabajo es otra de las líneas de actuación que recoge el documento de CHA, junto a la mejora del sistema educativo y vincularlo a las necesidades del tejido productivo, diversificando la oferta de formación profesional y potenciando la Universidad de Zaragoza.

En este punto, Ibeas detalló que la atención a la Institución docente es "absolutamente necesaria para que sea competitiva y potente".

Consolidar y ampliar los servicios públicos del estado del bienestar, con especial atención al desarrollo de la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, "impulsando su potencialidad generadora de empleo".

Para Ibeas, el desarrollo pleno de esta ley generaría mucho empleo, al tiempo que apreció que "la gente necesita tener confianza porque los servicios sociales públicos son los que garantizan la igualdad".

Un quinto apartado propone racionalizar el sector público y coordinar la actuación inversora en todas las administraciones públicas de Aragón con la finalidad de que "las inversiones sean coherentes y no se solapen", subrayó la presidenta de CHA.

También el documento reclama aumentar el gasto "público y privado" en I+D+I ligado a toda actividad productiva, priorizando aquellos sectores y actividades económicas con mayor capacidad de crecimiento y de generación de empleo. En este aspecto, Ibeas citó sectores que son referencia en Aragón como la agroindustria y el industrial.

El pacto recoge, finalmente, el apoyo decidido a las Pymes y a los trabajadores autónomos y la revisión del funcionamiento del sistema financiero aragonés para que el crédito llegue de forma efectiva a empresas y familias.