En un comunicado, la portavoz de Aralar en el Parlamento guipuzcoano, Rebeka Ubera, explicó que estas mesas se crearían en aquellos municipios en los que se están llevando a cabo las obras de construcción de la infraestructura de alta velocidad, y participarían en las mismas la Diputación, el Gobierno Vasco, Adif, y representantes de los municipios afectados.

Ubera destacó que "ya hay personas a las que las obras del TAV están afectando de forma importante, se están ocupando terrenos sin ninguna explicación, cortes de carreteras, se están depositando escombros y se está procediendo a este tipo de actuaciones en terrenos no expropiados, sin dar ninguna explicación ni pedir ningún permiso a los dueños y las dueñas de dichos terrenos".

En este sentido, señaló que, en la medida en que estas obras "están afectando a ciudadanos, las instituciones deben proteger sus intereses". "Las personas que se están viendo afectadas por estas actuaciones se encuentran totalmente indefensas, sin saber a donde ir", lamentó.

Por ello consideró "necesaria la implicación de todas las instituciones, empezando desde las más cercanas y continuando por las demás, para que se puedan minimizar y compensar los perjuicios generados".