Observen cuidadosamente a este paciente. Ahí lo tienen. Lleva una buena temporada en tratamiento, pero sus perspectivas de mejora no son muy halagüeñas. Es la educación en España, un enfermo nada imaginario que, a lo largo de esta década, se ha contagiado de nuevas afecciones a sumar a su ya de por sí extensa lista de patologías crónicas. Pero ¿tiene cura este doliente o hay que darlo por insalvable? En el año 2000 se marcaron las líneas maestras para su pronta recuperación.

El Consejo Europeo de Lisboa definía como objetivo estratégico convertir a la UE en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. La enseñanza sería una de las piedras angulares de este proyecto. Sin embargo, ninguno de los distintos cambios de planes que los gobiernos de PP y PSOE han puesto en marcha en el país han conseguido cumplir con los propósitos del tratado. Uno de los mejores reflejos de este fracaso son los informes PISA.

El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiante (PISA) analiza el rendimiento de los estudiantes de distintos países a través de unos exámenes realizados por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) cada tres años. Estas pruebas muestran la progresiva degradación del sistema educativo español. Un ejemplo: en el año 2000 el porcentaje en España de alumnos de 15 años, según PISA, con muy escasa comprensión lectora era del 16,3%. En 2007 aumentó al 25,7%. Disminuir para 2010 esta cifra hasta el 13,9% (objetivo marcado por el Gobierno) se antoja como un sueño imposible. A no ser que, tal y como señalan todos los expertos, se pongan en marcha una serie de urgentes reformas estructurales.

Una de ellas sería aumentar la financiación. Que nadie se engañe. Sin dinero es muy difícil que un plan educativo tenga éxito. Tampoco caben posibilidades de mejora si el Estado no hace una apuesta firme por la investigación y el desarrollo, las piezas más importantes de la maquinaria competitiva de un país. Todo lo contrario de lo que ha venido pasando en España. En el año 2000, el porcentaje medio del PIB aplicado a gasto público en enseñanza fue del 4,28%. En 2007 disminuyó al 4,23%, según denuncia CC OO.

La década también trajo consigo el desarrollo del polémico plan Bolonia, que finalizará este año. Iniciado como un proceso de convergencia entre las titulaciones universitarias de la UE que facilitara el tránsito de estudiantes de un país a otro, se acabó traduciendo en dos grandes reformas: la primera, un sistema basado en tres ciclos (grados, máster y doctorado) que eliminaba las diplomaturas y las licenciaturas y favorecía la especialización. La segunda (y la más controvertida), el cambio de financiación de los campus, que pasaban de un modelo público a otro mixto. Sus detractores creen que esto supondrá la mercantilización de la universidad pública, mientras que los partidarios consideran que mejorará la eficiencia en la gestión de las facultades.

Estos diez años han dejado además nuevos vocablos como el bullying (acoso escolar), fenómeno más extendido de lo que se cree y que saltó a la palestra a mediados de la década tras varios casos de alumnos maltratados que acabaron en suicidio. De hecho, un informe del Injuve (Instituto de la Juventud) señala que el 3% de los menores sufre de forma habitual maltrato físico o psicológico en las aulas. «La forma de acabar con esta lacra es fomentar la cultura del esfuerzo y la dedicación en las familias», señala Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Y no se equivoca. Diversos estudios sobre bullying apuntan que los distintos perfiles del agresor escolar presentan siempre una característica común: la permisividad de los padres hacia el menor.

Los colegios tampoco han sido inmunes al aumento del alumnado inmigrante. Un dato. En 1999, el número de escolares extranjeros era de 80.578. En 2009 aumentó a 743.696. El 40% son de América del Sur; el 30%, de Europa, y el 20%, de África (cifras del Ministerio de Educación). Al tratarse de un fenómeno tan reciente, todavía está por ver cómo se solucionarán en España los previsibles conflictos culturales que se generarán en las aulas: ¿se prohibirá el velo islámico en las clases, como ya ha hecho la Francia de Sarkozy y promete hacer el PP de Rajoy?, ¿se implantará la enseñanza de otras lenguas y religiones?, ¿qué se hará con los alumnos menos integrados? Demasiadas preguntas, y demasiados retos, para un enfermo que necesita, lo antes posible, un buen médico que lo trate.