Juan López de Uralde esbozaba una sonrisa de satisfacción. Ante los medios de comunicación, el director de Greenpeace España no podía ocultar la alegría de saborear, de nuevo, una libertad de la que nunca antes había sido privado. Concluían 20 largos días de aislamiento en una prisión danesa. El motivo: personarse en la recepción que la reina de Dinamarca ofrecía a los mandatarios internacionales blandiendo una pancarta. Ésta rezaba: «Los políticos hablan, los líderes actúan». Toda una osadía.

Desgraciadamente, la sonrisa del ecologista sólo respondía a su liberación. Concluida la cumbre de Copenhague, nada invitaba al más moderado de los optimismos. La cita, en la que el mundo había depositado sus esperanzas como nuevo punto de partida contra el cambio climático, se zanjó con una ausencia casi total de compromisos por parte de los participantes. Al final, la pancarta de López y los suyos no fue sino un presagio de lo que allí ocurrió. No hubo líderes, sino políticos. Meros políticos.

Desde 1880, cuando comenzaron a hacerse las primeras mediciones, nunca se había registrado una subida tan alta de la temperatura. La década que ahora concluye ha sido, de largo, la más calurosa de la historia. Y en la cúspide, el reciente 2005, el año más tórrido de todos los tiempos. Pese a las opiniones divergentes, el consenso científico es amplio: si bien no es la única causa, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases causantes del efecto invernadero retienen el calor en la atmósfera y son clave en el aumento de la temperatura, que de seguir así podría aumentar entre dos y seis grados en 100 años. Las consecuencias serían catastróficas: deshielo de los casquetes polares y aumento del nivel del mar, desertización, catástrofes naturales más frecuentes... Un panorama apocalíptico ante el que sólo cabe preguntarse si hay vuelta atrás. El protocolo de Kioto, que se cerró con el compromiso de reducir en un 5% las emisiones en el periodo 2008-2012, no encontró continuidad en Copenhague. Ante la cita danesa, los expertos conminaron a las potencias a una reducción del 25 al 40% para 2020. EE UU no quiso ir más allá del 4%.

El cambio climático cobra especial relevancia en el caso de los países emergentes. Ellos son los que, en este momento, más CO2 emiten a la atmósfera. Pero no los causantes del problema. El primer mundo es consciente de que no puede limitar un despegue industrial por el que ya ha pasado a países como China o la India. Y, sin embargo, les exige compromisos vinculantes. Al mismo tiempo, las naciones más contaminantes compran derechos de emisión a otras que contaminan menos, para así poder cumplir con los compromisos adquiridos. Al final, el gran reto medioambiental de la década queda reducido a una mera cuestión de desarrollo económico. Sólo es dinero.

Neologismos como biodiversidad han pasado a formar parte del vocabulario habitual de los medios. Y por tanto, también del ciudadano medio. El impacto humano sobre las especies animales y vegetales del planeta está lejos de echar el freno. La deforestación avanza imparable con cifras que asustan: cada año desaparecen aproximadamente 17 millones de hectáreas de bosques, una superficie que supera a la de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte juntas. El compromiso del presidente de Brasil, Lula da Silva, de reducir a cero la destrucción del Amazonas para 2015 contrasta con la cruda realidad: un 70% de las emisiones brasileñas de CO2 provienen de la incesante quema del gran pulmón del planeta. Allí, según Greenpeace, el equivalente a cinco campos de fútbol sucumbe en cada minuto que pasa. La tierra necesita respirar. Y nosotros, que lo haga.

Los 244 habitantes de Maranchón, en Guadalajara, han visto cómo el paisaje cambiaba ante sus ojos en los últimos años. En el horizonte se alzan, como inmutables colosos, 104 molinos. Y aunque nada tienen que ver con los de El Quijote, su presencia también podría servir de orgullo nacional: a mediados de 2007, España producía el 20% de la energía eólica mundial. Un año después, se rebasaban las previsiones más optimistas cuando, un ventoso domingo de noviembre, la fuerza del aire cubrió la demanda eléctrica de más de la mitad del país. Fue la culminación de una apuesta decidida por una energía cuyo inconveniente reside en la caprichosa intermitencia del viento.

España está entre las cinco naciones que más invierten en energías limpias, y comunidades como Galicia o Castilla y León ya cubren con ellas más del 70% de su demanda. Los expertos vaticinan que el futuro pasa, obligatoriamente, por la energía solar, cuyo principal escollo es el coste de la instalación de los paneles fotovoltaicos. Y en medio de tanto desafío, el siempre tenso debate nuclear. La reciente pugna por albergar el polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares –calificado por la presidenta del Foro de la Industria Nuclear, María Teresa Domínguez, de «instalación absolutamente sencilla»– ha vuelto a poner de actualidad una polémica que colea desde el desastre de Chernóbil. Cuando se cumplen 40 años de la instalación en España de la primera central nuclear, nuestro país cuenta con ocho reactores, lejos de los 17 de Alemania, los 19 del Reino Unido o los 59 de Francia.

A su favor, la energía nuclear se perfila como alternativa a los combustibles fósiles, al tiempo que elimina la dependencia energética en un país alejado de las principales fuentes de petróleo, carbón y gas natural. Sus detractores aluden al riesgo y a la compleja gestión de los residuos. El futuro dirá si España mantiene su tradicional reticencia o, por el contrario, abre poco a poco la puerta a la posibilidad de apostar decididamente por las nucleares.

Mahatma Gandhi sostenía que una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. De poder echar hoy en día un vistazo a nuestro país, es posible que se llevase las manos a la cabeza. En España, las competencias en materia de leyes de protección animal están transferidas a las comunidades autónomas. Ello provoca contradicciones como que en Canarias estén prohibidas las corridas de toros, que se permiten en el resto de España, mientras que las peleas de gallos, que son ilegales en todo el país, sean legales en Canarias. Andalucía, Aragón o Extremadura aún no han dado el paso de elaborar un marco legal en la materia. E iniciativas como el ambicioso Proyecto Gran Simio, que reclamaba el igualitarismo moral para todos los grandes primates, cayó en el olvido al no ser incluida en el orden del día ninguna Comisión de Medio Ambiente durante dos años. Nunca se consideró una prioridad.

La batalla ecologista es ardua y compleja, pues se enfrenta a los principales pilares del liberalismo feroz en los que se asienta el sistema económico mundial. Las paradojas se cuentan por decenas: de nada sirve que se trate de fomentar el transporte público y limpio si al mismo tiempo se incentiva la fabricación y venta de vehículos privados. Es fácil caer en el catastrofismo. Pero quizás sea la única manera de lanzar un grito desesperado a los que, a nivel global, tienen en sus manos la capacidad y responsabilidad de enmendar dos siglos de barbarie medioambiental.