De hecho, tal y como ya anunció el pasado mes de enero en Huelva, informó de que el Alto Tribunal Andaluz ha elevado una petición al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que la Audiencia de Málaga cuente para las vistas del caso 'Malaya' y 'Ballena Blanca' con dos secciones bis, una en la Sección Primera y otra en la Segunda, para que actúen "en los procedimientos de normal tramitación".

En declaraciones a los periodistas en Granada, donde asistió a la reunión de la Sala de Gobierno del TSJA junto al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, resaltó que la Audiencia cuenta ya con una "una sala magnífica, espléndida" y que, aunque su habilitación ha sido "un reto importantísimo", la Administración autonómica "ha sabido medir los tiempos muy bien".

Con respecto al juicio por el caso 'Malaya', aún sin señalar, consideró que no hay "un antecedente en España ni en Europa", tanto por el número de procesados que se sentará en el banquillo, como por la respuesta dada. "No creo que haya un sistema judicial que en un momento determinado pueda hacer frente a ello", dijo.

El caso 'Ballena Blanca', contra la presunta red de blanqueo de capitales organizada supuestamente en torno al despacho de abogados de Marbella (Málaga) de Fernando del Valle, se enjuiciará el próximo 15 de marzo, con casi una veintena de acusados. Para el fiscal, los hechos que se llevan a juicio constituyen 41 delitos de blanqueo de capitales, 13 de ellos de carácter continuado; tres contra la Hacienda Pública; 141 de falsedad documental, también continuados, y dos de falso testimonio. Entre los acusados está el letrado Fernando Del Valle, para el que el fiscal pide 15 años de cárcel al acusarle por todos los delitos de falsedad, por 13 de blanqueo, tres contra la hacienda pública y uno de falso testimonio.

El próximo 29 de marzo se cumplirán cuatro años del inicio de la operación policial denominada 'Malaya', con la que se desarticuló una presunta trama de corrupción municipal en Marbella (Málaga). Esta investigación, que desembocó por primera vez en la democracia española en la disolución de un ayuntamiento, comenzó meses atrás a raíz de la declaración de un funcionario del Consistorio marbellí. El operativo policial, desarrollado en distintas fases, ha supuesto que pasen por prisión alcaldes y ex alcaldes como Marisol Yagüe y Julián Muñoz, concejales, empresarios y abogados.

También fue a prisión Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo y el que, según la instrucción, controlaba y dirigía totalmente el Ayuntamiento "como si fuera el alcalde y con la verdadera alcaldesa bajo sus órdenes". El presunto cerebro de esta trama de corrupción, disfrutó sólo de nueve días de libertad, tras pagar la fianza de un millón de euros que le fijó el actual instructor del caso, Óscar Pérez.