La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha afirmado que de cada 100 euros que se destina en las islas a personas dependientes, "81 los pone la Comunidad Autónoma y 19 el Estado", mientras recordó que en 2009 se destinó 132.436.411 euros para financiar este tipo de atención en las islas, según informó hoy el un comunicado.

Roja salió así al paso de las declaraciones de la diputada del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), Francisca Luengo, quien acusó hoy al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, y al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, de "boicotear" la Ley de Dependencia, "impedir su aplicación" en las islas y "hacer caja" con los fondos procedentes del Estado, ya que el dinero que la comunidad autónoma recibe "no se destina a crear servicios nuevos, sino a financiar plazas y centros de mayores anteriores a 2007".

En este sentido, Rojas recordó que "la Ley de Dependencia, en su artículo 32, regula la participación de las Administraciones Públicas en la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y en este sentido, se establece que la Administración General del Estado financiará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios. La Administración General del Estado fijará anualmente esta financiación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado".

"Además, la Administración General del Estado aportará financiación para garantizar un segundo nivel de protección ¿ el nivel de protección acordado. Esta financiación se canaliza por medio de la suscripción de Convenios anuales o plurianuales con las Comunidades Autónomas. Por su parte, las Comunidades Autónomas aportarán cada año una cantidad igual a la de la Administración General del Estado en su territorio", señaló.

Al respecto, comentó que "si se traslada a números el mandato legal, la Administración General del Estado destinó en 2009 a Canarias 21.851.873 euros por el nivel mínimo de protección, a lo que hay que sumar otros 9.791.944 euros por el segundo nivel de protección, el llamado nivel acordado, a través del convenio anual. El Estado invirtió por tanto 31.643.817 para financiar la Ley de Dependencia en Canarias".

"Si nos centramos —continuó— en la financiación de la Comunidad autónoma de Canarias, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda destinó a prestaciones económicas 36.720.025 euros; para la financiación de las prestaciones de servicios 15.055.097; gastos de gestión y valoración 6.417.702; inversiones 1.900.000".

Además, indicó que en cuanto al mantenimiento y creación de plazas para personas dependientes, existen tres fuentes de financiación; la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda que aporta 35.637.860 euros, la Consejería de Sanidad que financia 12.164.581 euros, y los cabildos insulares 24.541.147 euros, "porque en Canarias los servicios sociales especializados están transferidos a los cabildos insulares, y desde el Gobierno entendemos que la atención a las personas dependientes necesita también de servicios sanitarios, no sólo de carácter social".

"Por tanto, el total que aporta Canarias es de 132.436.411 euros por 31.643.817 euros, la Administración general del Estado. Las cuentas están claras por cada 100 euros destinados a las personas dependientes 81 los pone Canarias y 19 el Estado. Quizás los grupos en la oposición incluyan en sus cálculos el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo aprobado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, que consigna fondos coyunturales que, aunque se vinculan a la atención de las personas dependientes, tienen como objetivo dinamizar la economía y potenciar el empleo, como su nombre indica, pero que ni su vocación es de permanencia ni su finalidad es la atención a las personas dependientes".

Preocupación por las acusaciones

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha mostrado su preocupación acerca de las acusaciones al Gobierno de hacer 'trapicheo' con la Ley de Dependencia, y que, tal y como afirma "siembra el desasosiego entre las personas dependientes y sus familias".

"Las acusaciones —prosiguió— de la oposición sobre los fondos estatales destinados a la Ley de Dependencia se sustentan en un informe no oficial, desmentido y desacreditado por la Ministra de Política Social, Trinidad Jiménez, en el Consejo Territorial de la Dependencia".

Asimismo, Rojas manifestó que su intención nunca ha sido la de convertir la atención a la dependencia que está ofreciendo el Gobierno en las islas en este desglose de cifras, pero que acusen de hacer caja o estar trapicheando con el dinero, "no ha dejado otra alternativa".

"Seguiremos trabajando en colaboración con todas las administraciones, con lealtad institucional para solucionar los problemas de una ley que a pesar de su buena voluntad, tiene aún demasiadas sombras", concluyó Rojas.