Antonio Polo está imputado por un delito de prevaricación, otro de omisión del deber de perseguir el delito, y por desobediencia. Junto a él, el juez citó hoy a prestar declaración a dos notarios imputados por un delito de estafa y otro de ordenación contra el territorio, y a un abogado imputado por falsedad y por complicidad en el delito de ordenación contra el territorio.

El magistrado citó a declarar a estas cuatro personas a instancias de Fiscalía de Valencia, en una segunda fase de la investigación. Inicialmente, el 2 de febrero, agentes de la Guardia Civil se personaron en el consistorio para buscar documentación relacionada con licencias de estos chalés.

Ese mismo día, el juez ordenó la detención del ex alcalde de la localidad valenciana, el 'popular' Francisco Javier Carrión, y de otras seis personas. El ex edil dimitió en mayo de 2006 por la falta de apoyo en la aprobación de los presupuestos y otros temas por parte de la oposición y, en especial, de Unió Valenciana, que habían sido sus socios de gobierno. Al frente de la alcaldía le sustituyó el actual primer edil, el socialista Antonio Polo.

Tras prestar declaración, Carrión quedó en libertad al abonar los 8.500 euros impuestos por el juez. Respecto al resto de detenidos, el instructor ordenó prisión provisional eludible bajo fianza de 50.000 euros para uno de los cuatro constructores detenidos, y decretó la libertad provisional con fianza de 3.000 euros tanto para el arquitecto como para el ingeniero industrial. Así mismo, estableció libertad provisional para los otros tres constructores, dos de ellos con fianza de 1.000 euros cada uno y el tercero sin necesidad de fianza.

Los siete detenidos declararon en calidad de imputados en la causa —que todavía permanece secreta— abierta por delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación, intrusismo, estafa y falsedad documental. Tras ello, ahora, la Fiscalía ha pedido que la declaración como imputados del actual alcalde, de dos notarios y de un abogado, con objeto de esclarecer la investigación llevada a cabo en el territorio, indicaron las mismas fuentes.

El origen

La causa se originó tras la denuncia interpuesta por uno de los intermediarios en la compra-venta de terrenos en el municipio, a quien supuestamente se le dejó de pagar unas comisiones. Este intermediario denunció hace dos o tres años ante el juzgado que no había recibido las comisiones pactadas por la venta de varias parcelas en la localidad, y exigía responsabilidades.

Además del intermediario, algún promotor también denunció a los compradores de los chalés, todos ellos extranjeros, porque le debían dinero. Los compradores habían pagado una cierta cantidad pero se negaron a completarla puesto que no disponían de servicio de luz, agua o alcantarillado.

Los compradores no podían optar a estos servicios puesto que los terrenos en los que habían construido sus casas no tenían licencia de edificación ni ningún tipo de autorización. Por este motivo, el consistorio no les daba servicio. Ante esta situación, los compradores denunciaron, ya que se sentían engañados.

Tras presentar varios escritos de denuncia, tanto por parte del intermediarios como de los compradores y el promotor, la Fiscalía de Medio Ambiente decidió hace un año abrir una investigación al respecto, supervisada por el juzgado de Picassent.