El sector de comerciantes del centro de Sevilla reaccionó hoy al anuncio realizado por el Ayuntamiento de la ciudad de que circular por el centro de Sevilla sin la pertinente autorización durante más de 45 minutos se sancionará con 90 euros a partir del próximo mes de septiembre por la restricción del tráfico en el centro con cámaras, señalando que esta medida cuenta con incumplimientos legislativos y que la nueva situación, a su juicio, ha salido a la palestra para "desplazar el debate".

Así lo indicó a Europa Press el presidente de la Federación de Comercio y Servicios del Centro de Sevilla (Alcentro), Enrique Arias, que señaló que "cada vez que hay un problema en el equipo de gobierno porque han tenido escándalos políticos hablan sobre la peatonalización y la restricción del tráfico en el centro".

"Como ahora hay un escándalo importante, la forma de acallarlo es presionando al centro de Sevilla", lamentó Arias, que instó a la corporación local a ser "claros" en lo que tienen que hacer, poniendo como ejemplo que, mientras en un principio se aludió a la división del centro en 16 sectores "ahora son sólo cuatro, y es que lo han tenido que sacar tan rápido que a lo mejor se les han quedado doce por el camino".

Asimismo, criticó que "antes sólo iban a circular vehículos habilitados y ahora podrá hacerlo cualquier vehículo", aludiendo a "una falta de información total y absoluta, con cambios cada dos por tres".

Respecto a los medios técnicos para hacer cumplir esta medida, el presidente de Alcentro subrayó que las cámaras "incumplen la legislación en lo que se refiere a la autorización de videovigilancia", argumentando que este equipamiento visionará la vía pública y no el tráfico, y para ello aún no existe autorización del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

"En vez de pensar en que el metro llegue al centro o que se haga uno solo de los aparcamientos previstos se entretienen en cosas baratitas", lamentó, añadiendo que con la actual carencia de equipamientos se incumple "flagrantemente" el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Con la nueva medida, el centro quedará dividido en cuatro zonas —noreste, noroeste, sureste y suroeste—, con varias entradas y salidas cada una, todas ellas vigiladas por cámaras que identificarán la matrícula para detectar si el vehículo está o no autorizado. En total, habrá unas 13 entradas y unas nueve salidas reguladas de 8,00 a 22,00 horas, excepto festivos.

Así, las cámaras comenzarán a instalarse de forma inmediata y entre primavera y verano se harán los ajustes y las primeras pruebas, tiempo en el que se remitirán a los infractores notificaciones informativas, hasta que arranque oficialmente el plan en septiembre.