En sendas iniciativas registradas en la Cámara Baja, Fernández Davila recordó que la Plisan está promovida conjuntamente por la Xunta, Zona Franca y Autoridad Portuaria de Vigo y está previsto que cuente con una superficie de dos millones de metros cuadrados, así como es "fundamental para el desarrollo industrial" de la provincia de Pontevedra y el conjunto de Galicia.

Sin embargo, la diputada lamentó que los propietarios de los terrenos "recurrieron a la justicia para que las administraciones" les reconociesen y pagasen los derechos mineros y, a partir de las sentencia del 28 de octubre de 2008 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó sentencia a favor de los propietarios, ordenando la retroacción del expediente de expropiación, para que se incluyese la evaluación de los recursos mineros.

En este contexto, Davila recuerda que, para evitar los perjuicios derivados de un largo proceso judicial, el bipartito "había promovido un acuerdo para llegar a una solución extrajudicial", de manera que las tres administraciones promotoras autorizaban a la Xunta —a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)— a suscribir acuerdos extraprocesales con cada uno de los propietarios con derechos mineros que habían recurrido ante la Justicia.

La cuantía total de las indemnizaciones era de 7,71 millones de euros, repartida entre las tres administraciones en proporción a su participación en la Plisan, Xunta (1,41 millones), Autoridad Portuaria (4,67 millones) y Zona Franca (1,62 millones). RETRASO

Sin embargo, la diputada del BNG denunció que la entrada del PP en el Gobierno gallego "supuso un giro de 180 grados", ya que el ahora conselleiro responsable en la materia "rechaza abonar a los afectados las indemnizaciones de los derechos mineros", al asegurar que "tanto Zona Franca como la Autoridad Portuaria de Vigo no asumen la parte que les corresponde de las indemnizaciones".

Davila advirtió de que esta "nueva paralización" provocó un "hondo malestar" entre los afectados y "atrasa de nuevo" la finalización de un proyecto estratégico para la economía gallega, ante lo que pregunta a Zona Franca y Autoridad Portuaria si "es cierto que no asumen el convenio firmado el 19 de diciembre de 2008" y, de se así, en base a qué lo justifican.