Según indicaron a Europa Press fuentes de la Cámara de Cuentas andaluza, en esta apertura de diligencias, el ente fiscalizador andaluz ha mostrado su "total colaboración", con la aportación de documentación requerida, y tras mostrar su "respeto" por esta decisión, aseguraron que esperan a la resolución del fiscal para hacer una valoración más en profundidad.

No obstante, aseguraron que estas retribuciones aprobadas por la Cámara de Cuentas andaluza son "absolutamente legales".

Asimismo, consideraron que este tipo de intervenciones ordinarias y de oficio del Tribunal de Cuentas "benefician al sistema".

Según informó hoy el diario 'ABC', el fiscal jefe, Olayo Eduardo González, ha pedido a la Cámara de Cuentas los acuerdos adoptados en el seno de la Cámara sobre indemnizaciones a percibir por sus integrantes en concepto de gastos de representación o por otros conceptos "semejantes"; documentos acreditativos de la ejecución de tales acuerdos; informes que hubieran podido ser tomados en consideración para la adopción o la ejecución de dichos acuerdos; y cualquiera otros informes que guarden relación con los hechos que motivaron la apertura de las diligencias.

Según este diario, en noviembre de 2009, el fiscal jefe envió a la Cámara de Cuentas un escrito comunicándole la apertura de diligencias preprocesales, para lo cual le requirió los acuerdos que habrían permitido a los consejeros de la Cámara de Cuentas percibir esos "sobresueldos". El diario agregó que los complemento del sueldo supusieron al Erario Público un gasto de 60.000 euros al año desde 2004.

Renuncia de las tarjetas de crédito

Por su parte, la portavoz del PP-A, Rosario Soto, informó hoy en rueda de prensa de que los consejeros de la Cámara de Cuentas han renunciado a sus tarjetas de crédito Visa y afirmó que "las dietas deben ser retiradas si no son legales".

Asimismo, declaró que la Fiscalía "debe trabajar" y el PP actuará y tomará medidas "conforme a lo que marque la legalidad", pero "aún hay que esperar", matizó. Del mismo modo, Soto recordó que el órgano fiscalizador de los recursos públicos está "pendiente de un acuerdo entre los partidos políticos para su renovación y si se llega a un consenso se reformará".