Tribunales.- El PA de Utrera descarta "un atentado contra el patrimonio" y defiende a la edil imputada

El Grupo del PA en el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) descartó hoy que la concejal de Solidaridad, Bienestar Social y Promoción del Mayor, Dolores Pascual González (PA), cometiera "un atentado contra el patrimonio" al autorizar el derribo del número 31 de la calle Sevilla cuando ostentaba la Primera Tenencia de Alcaldía, con lo que ante su imputación por supuestos delitos de prevaricación y contra el territorio, defendió su inocencia y auguró el archivo de las diligencias.

En un comunicado, el PA recordó que al carecer de comisión local de patrimonio histórico, el Ayuntamiento no tiene las competencias sobre la supervisión de actuaciones sobre el Conjunto Histórico Artístico. Al respecto, advirtió de que el expediente relativo a la intervención proyectada en el número 31 de la calle Sevilla se remonta al año 2003 y en varias ocasiones ha sido abordado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Delegación provincial de la Consejería de Cultura.

El Ayuntamiento de Utrera y la propia Delegación Provincial de Cultura, así, "han mantenido contactos permanentes y, paradójicamente, el mayor problema ha venido siempre por parte del concejal socialista Fernando Alcaide, que ha sido el que ha pretendido obstaculizar el desarrollo del proyecto por motivos absolutamente personales".

Frente a las diligencias incoadas por el Juzgado mixto número dos de Utrera, el PA desgranó que el 23 de marzo de 2004, se expuso ante la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico "la lamentable situación en la que se encontraba el edificio", que "requería de una intervención de urgencia para garantizar la plena seguridad de los ciudadanos". A tal efecto, dicho organismo informó favorablemente el proyecto básico de rehabilitación y el 2 de abril de 2004, el delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno, resolvió autorizar la intervención "para las obras contempladas en el proyecto básico de ejecución".

Pero la propia Comisión Provincial de Patrimonio Histórico retiró de su orden del día los días 6 de octubre de 2004 y 21 de junio de 2006 sendos proyectos de demolición parcial de planta primera y el proyecto de ejecución de rehabilitación que incluía dicha la demolición, hasta que el 2 de mayo de 2007 dicho organismo reclamó el expediente de legalización, debidamente visado, "que contemplase la ejecución de las obras llevadas a cabo sin autorización administrativa previa".

Finalmente, el 14 de noviembre de 2007, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informó favorablemente sobre la documentación complementaria al expediente de legalización de vivienda plurifamiliar bajo algunas condiciones técnicas.

Con todo esto, desde el Partido Andalucista "estamos convencidos que la Justicia demostrará la honradez de María Dolores Pascual y archivará la causa, porque quedará demostrado sin ninguna duda que la actuación de la concejal andalucista no ha supuesto un tratamiento distinto ni preferente para los propietarios del inmueble de Sevilla 31".

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