Así lo anunció la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal en la que aseguró que los dueños de estos locales "van a seguir trabajando y luchando para que no se desmonten sus terrazas".

La primera edil precisó que estas firmas se van a remitir al Ministerio de Medio Ambiente y aseguró que los responsables de este asunto "pasan olímpicamente" del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, y de la Dirección General de Costas, porque "se sienten engañados por ellos". De este modo, según Barberá, "se van a dirigir directamente a la Secretaría del Mar".

Asimismo, la alcaldesa señaló que "han empezado ya a ponerse nerviosos y a preocuparse hasta los proveedores de los chiringuitos", ya que cada establecimiento "tiene, al menos, 50 proveedores que van a perder actividad y ventas", si se hace efectivo el cierre. Al respecto, añadió que "el tema tiene consecuencias de frenazo económico para las pequeñas actividades que puedan tener estos chiringuitos".

La primera edil recordó que la demora propuesta por el Gobierno central para solucionar este asunto finalizó en marzo, pero lamentó que está "totalmente parado y que Costas no se mueve", lo que, a su juicio significa que la administración central "mantiene su actitud inflexible". En este sentido, Barberá mostró las firmas recogidas y subrayó que esta es "la respuesta de Pinedo".