La Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla ha decidido desestimar las alegaciones presentadas por vía administrativa por el colectivo de opositores a auxiliares administrativos del Consistorio que critican irregularidades en el proceso examinador y que pedían la suspensión y repetición de la prueba, decidiendo elevar un recurso judicial contencioso-administrativo, así como recurso de alzada ante la Alcaldía.

En la respuesta municipal, a la que ha tenido acceso Europa Press,

se responde a todas las deficiencias detectadas por los aspirantes, señalando con respecto a una supuesta "negligencia" en el control de acceso que éste se hizo por el procedimiento habitual de colocar colaboradores con mesas "colocadas estratégicamente" que controlaban la entrada acreditando a los opositores. Asimismo, respecto a una presunta inseguridad en la custodia y traslado de los cuestionarios, se alega que las cajas con los exámenes fueron "debidamente precintadas y firmadas por los miembros del tribunal".

Aunque la corporación local reconoce que en el aula de la Facultad de Matemáticas se produjo una equivocación en el reparto del cuestionario de preguntas, con el mismo contenido del turno libre pese a tratarse de un aula específica para discapacitados, se atribuye a un error "informático", quedando sólo afectados 97 opositores.

"La decisión adoptada, la anulación ipso-facto de las preguntas marcadas, fue la más idónea, sin que se aprecie causa suficiente para la repetición del ejercicio", subraya el documento de respuesta.

Tampoco se produce, según Recursos Humanos, "quiebra" en el principio de igualdad en el acceso a la función pública, ya que el ejercicio fue el mismo para todos los opositores, las adaptaciones no supusieron "trato preferente" y se acordó que la corrección de ese turno se efectuara de manera "ponderada" con la del resto de opositores, dadas las preguntas anuladas.

Examen a lápiz,

Procedimiento habitual

También señala el Ayuntamiento, respecto a la queja de que el examen tuviera que responderse a lápiz, que éste es el procedimiento habitual, y que las preguntas se correspondían con el temario establecido en las bases.

Sobre la respuesta, una de las portavoces del colectivo, Adelina Fornés, explicó a Europa Press que en el día de ayer se llevó a cabo una reunión con el letrado que representa legalmente a la plataforma, en la cual se decidió "seguir para delante" con la vía contenciosa, para la cual tienen un plazo de dos meses.

Asimismo, Fornés explicó que los opositores no descartan la vía penal por presunta prevaricación, única vía para que se pudiera detener el proceso administrativo de los exámenes, aunque ésta "sería más complicada porque habría que recopilar información probatoria de que se ha cometido un presunto delito". "Hay que demostrar la actuación de un funcionario de mala fe, pero no hay tanta prisa en los plazos para ello", apostilló.