El senador murciano Manuel Hurtado, que presentó hoy en rueda de prensa las propuestas que, sobre el futuro de las pensiones de la Seguridad Social, ha enviado el Gobierno de España a la Comisión Parlamentaria de Seguimiento del Pacto de Toledo, aseguró que el sistema español de pensiones "no tiene ningún riesgo ni para el presente ni para el medio plazo".

Hurtado recordó que esta Comisión Parlamentaria organiza desde 1995 sus trabajos recabando información de los agentes sociales y económicos más representativos, del Gobierno, de otras instituciones del Estado y de la Unión Europea, desarrolla sus trabajos, elabora sus conclusiones previa discusión y acuerdo con los interlocutores sociales y posteriormente las traslada al Gobierno.

Así como que el Congreso de los Diputados, en el último debate del Estado de la Nación de mayo de 2009, aprobó una resolución instando al Gobierno a acelerar el diagnóstico del sistema de pensiones y promover un nuevo acuerdo. También el Senado aprobó sendas mociones en marzo y abril de 2009 en el mismo sentido.

Hurtado subrayó que el Gobierno de España "no ha hecho sino cumplir con el mandato recibido y con su obligación de enviar a la Comisión Parlamentaria de Seguimiento del Pacto de Toledo, un documento de trabajo con sus propuestas para que sea debatido con la madurez con que se abordan siempre los debates referidos a la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social".

"El documento que ha presentado el Gobierno es una aportación a los trabajos de la Comisión, que deben traducirse en el plazo más breve posible en reformas legales concretas, y es un documento con propuestas dirigidas a las pensiones del futuro", añadió.

Un sistema de pensiones sólido

Hurtado insistió en que el sistema de pensiones "no tiene ningún riesgo ni para el presente, ni para el medio plazo, pues tiene la situación financiera más sólida de toda su historia, cuenta con unas reservas de 60.000 millones de euros en el fondo de pensiones, que el Gobierno ha ido provisionando año tras año desde 2004, mientras el Gobierno del PP dejó el fondo en 15.000 millones de euros".

Sin embargo, el senador socialista considera que "un Gobierno responsable, debe asegurar y mejorar las pensiones también para el futuro, para que dentro de 30 años, las pensiones estén tan seguras como lo están hoy", ya que "no podemos cerrar los ojos ante la realidad que hace necesario introducir cambios ahora, y garantizar la sostenibilidad del Sistema".

En este sentido, Hurtado recordó que la esperanza de vida de los españoles ha crecido de tal manera que hoy somos el país con más alta esperanza de vida del mundo después de Japón, lo que significa que tendremos cada vez más pensionistas que perciban pensión, con más años y durante más tiempo.

Igualmente puso de manifiesto que la previsión de evolución de la población es que en el año 2049 España tendrá 48 millones de habitantes, de los que casi el 32 por ciento serán mayores de 64 años, mientras que la población entre 16 y 64 disminuirá en 6 millones de personas. Y que los jóvenes de hoy se incorporan al mercado laboral más tarde.

Manuel Hurtado reiteró que la propuesta del Gobierno de España persigue como objetivo garantizar las pensiones de futuro y hacerlo con el mayor consenso político y social.

A su juicio, los trabajos en la Comisión deberán avanzar sobre varios ejes, entre ellos la sostenibilidad en el tiempo, el equilibrio entre ingresos y gastos del Sistema, el respeto y la defensa de los derechos de los pensionistas para que las reformas no afecten a quienes ya han consolidado sus derechos, la consideración global de las prestaciones, la transparencia, la equidad, el pacto entre generaciones, o la gradualidad en la implantación de las medidas.

Finalidad de las reformas

El objetivo conjunto que se persigue es un sistema que ayude a generar riqueza y empleo, al tiempo que mejora la protección social, con un funcionamiento más equitativo y transparente.

Por ello, las reformas contenidas en la propuesta del Gobierno van dirigidas a incentivar la prolongación de la vida laboral, desplazando paulatinamente la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años, como ocurre en otros países de la UE y que además está relacionado con las características demográficas del país.

También se trata, explicó, de frenar la jubilación anticipada, "recurso del que se ha abusado en los últimos años", a establecer procedimientos de cálculo de la pensión de jubilación que garanticen mejor la correspondencia entre cotización y prestación, a incentivar la permanencia en el mercado laboral a fin de evitar la exclusión temprana del mercado laboral y a mejorar la gestión de las prestaciones de incapacidad.

Así como a seguir avanzando en el control de la incapacidad temporal, a disminuir costes burocráticos y de gestión, a la separación de las fuentes de financiación entre los niveles contributivo y no contributivo, a mejorar la acción protectora de la viudedad y orfandad, a mejorar la vida laboral de determinados colectivos y a la posibilidad de compaginar el cobro de una pensión con el desarrollo de alguna actividad remunerada.

De tal forma, Hurtado advirtió que las medidas propuestas no afectarán a los actuales pensionistas y sólo moderadamente a los trabajadores más veteranos, y que se aplicarán a través de períodos transitorios.