Los afectados por las sentencias de derribo de Cerrias denunciaron hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) no tiene "voluntad alguna" de encontrar una solución ni para Cerrias ni para el resto de sentencias de derribo de Cantabria, al tiempo que instaron al presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, a que "definitivamente" se ponga "al frente" de este asunto que está llegando "a un camino sin retorno con consecuencias que pueden ser muy graves para todos".

Así se pronunció en un comunicado el portavoz de la comunidad de vecinos de la Urbanización Cerrias, Armand Comín, en respuesta al auto dictado hoy por el TSJC en el que rechaza los recursos presentados por el Ayuntamiento de Piélagos y por los propietarios de Cerrias I para evitar el derribo de las 17 viviendas unifamiliares de la urbanización, y reitera que la demolición debe comenzar en el plazo de quince días.

Comín considera "absolutamente incomprensible" que la Sala diga que el Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria "no les es vinculante" cuando fue elaborado y aprobado por unanimidad en el Parlamento de Cantabria, y modificado a instancias de la Administración de Justicia para resolver las sentencias de derribo existentes en Cantabria. De hecho, recordó, una de las razones por las que emitía el TSJC el auto de derribo el 26 de noviembre de 2009 era que "en el Plan no se contemplaba solución alguna para Cerrías I". "¿En que quedamos? ¿Vale para emitir el Auto de derribo pero cuando puede valer para paralizarlo lo consideran papel mojado?", se preguntó.

Además, sostiene que catalogar el Plan de Actuación como "una relación de los distintos procesos de índole urbanística pendientes de ejecución de sentencias firmes de derribo" da a entender la consideración que el TSJC tiene sobre los propietarios afectados como "una relación, daños colaterales a fin de cuentas".

"Es una absoluta vergüenza que la sensibilidad demostrada por el Alto Tribunal de Cantabria sea nula y que, amparándose en una interpretación estricta de la ley, desprecie a los afectados sin tratar de encontrar solución a esta situación. No existe voluntad alguna en el TSJC de encontrar solución", aseguró Comín.

También se preguntó por qué el TSJC "ha estado alimentando planes de actuación y resquicios a soluciones" si considera que la sentencia dictada en su día es firme y produce efectos de cosas juzgadas, por lo que cualquier actuación posterior que intente la clasificación de los suelos como urbanos "no le vale". "¿Qué interés torticero existe para ello?", planteó.

Asimismo, consideró "insultante" que el TSJC recurra "a una formalidad" como que el Ayuntamiento de Piélagos tuvo dos meses tras la sentencia del Tribunal Supremo para alegar algún tipo de incidente que imposibilite el derribo para decir que "ahora no procede".

"El TSJC parece no darse cuenta que en las casas de Cerrias I viven personas, familias enteras que pueden verse privadas de sus viviendas por un hecho formal. Dicho argumento reitera la falta de voluntad por parte del TSJC en encontrar una solución. Está diciendo que aferrándose a un requisito formal va a ignorar cualquier posibilidad de solución", insistió.

A la vista de lo sucedido, los propietarios defienden que desde los estamentos políticos implicados en Cerrias I, Ayuntamiento de Piélagos y Gobierno de Cantabria, se debe promover "una enérgica reacción" a esta actuación del TSJC, tribunal que, en su opinión, "no tiene la menor intención de encontrar solución alguna para Cerrias I y nos tememos, por lo publicado últimamente y por el contenido de este auto, que tampoco para el resto de sentencias de derribo de Cantabria".

Por ello, sostienen que además de la Consejería de Urbanismo "debería intervenir directamente" la de Justicia e incluso Presidencia. "Sí señor Revilla, póngase al frente ya definitivamente pues este asunto está llegando a un camino sin retorno con consecuencias que pueden ser muy graves para todos", instó Comín.

El portavoz concluyó señalando que la Comisión de Seguimiento del Plan, formada por el Gobierno de Cantabria, la Federación de Municipios y AMA, que se reúne el próximo lunes, día 15, debe dar una respuesta "inmediata, firme y con la misma contundencia que el auto de hoy que menosprecia el trabajo y el esfuerzo de los que con mayor o menor acierto y voluntad tratan de buscar una solución a este drama".

Ama insiste en la "indefensión"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela, mostró su sorpresa por la "rapidez" del TSJC en resolver el recurso de súplica.

Vilela denunció la situación de "indefensión" de los afectados y opinó que "nunca en Cantabria las instituciones, incluyendo la de justicia, han sido más duras y menos sensibles".

AMA aseguró que luchará por los vecinos de Cerrias y que su único objetivo es "conseguir una solución para todos las víctimas de las sentencias de derribo".

"Ante esta situación no valen ambigüedades: el Gobierno, el Parlamento, los ayuntamientos tiene que decirle a la justicia que se equivoca, que impartir justicia es dar a cada uno lo suyo, no quitar, arrancar o derribar las esperanzas, las ilusiones y las viviendas de la buena gente", concluyó.