El concejal del PP y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, advirtió hoy de que la sentencia del Juzgado de lo Social número once que declara improcedente el despido Daniel Ponce, imputado por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del grupo La Raza, prueba que tal acto disciplinario fue "un paripé" para mantener el "pacto de silencio" entre el Gobierno municipal y este ex directivo de la sociedad mixta. Las "omisiones voluntarias y a sabiendas" a las que alude el fallo, según Pérez, prueban que la expulsión de Ponce fue "impostada" para calmar a la opinión pública.

En rueda de prensa, Beltrán Pérez analizó el contenido del fallo emitido por la citada instancia judicial ante la demanda formulada por Daniel Ponce contra su despido como director adjunto de Mercasevilla, una sociedad participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa que ha sido condenada a readmitir al ex directivo en sus mismas condiciones laborales o indemnizarle con 239.585,7 euros más los salarios dejados de percibir.

El consejero del PP en el consejo de administración de Mercasevilla advirtió de que el contenido del fallo, que declara improcedente el despido, pone de manifiesto la "falta de esfuerzo" de la dirección de la empresa en defender ante la juez el despido de Daniel Ponce, así como la prescripción de los hechos esgrimidos. Para romper la relación contractual, Mercasevilla había alegado la falta de justificación de gastos de viaje, la entrega de 9.300 euros en concepto de beca a un "tercero ajeno a la empresa" y la participación en hechos "que podrían ser constitutivos de delito" con "ocultación", negligencia y "absoluta falta de control y desorganización" en la gestión empresarial.

En ese sentido, Beltrán Pérez lamentó la prescripción de los hechos y recordó que Ponce "podría haber sido despedido" mucho antes, porque aunque fue en febrero de 2009 cuando trascendió la grabación en la que Ponce y el entonces director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, protagonizaban supuestamente un intento de cobro de comisiones ilegales, no fue hasta el 6 de octubre de ese mismo año cuando se consumó el despido a manos del actual director general de la sociedad mixta, Jordi Maymó.

El alcalde "lo sabía" en febrero

"Ponce podría haber sido despedido sin que prescribieran los hechos", aseguró el concejal popular, quien recordó que en febrero de 2009, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), ya "sabía que la voz de Ponce" figuraba en una grabación que dos empresarios del grupo hostelero La Raza habían elevado a la Consejería de Empleo a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales contenido en la conversación.

Al respecto, recordó que según el propio escrito dirigido a la Policía Judicial por Sánchez Monteseirín, el 12 de febrero el alcalde ya tenía constancia de esta grabación, por lo que Daniel Ponce "debería haber sido despedido inmediatamente".

Ante la juez con "recortes de periódico"

En cuanto al procedimiento seguido en el juzgado de lo Social número once, recordó Beltrán Pérez que el propio fallo encuentra "inexplicable" que la empresa no propusiera "otros medios de prueba que tenía a su disposición", como las testificales de los investigadores o de los empresarios de La Raza en la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en torno al supuesto intento de cobro de comisiones ilegales. "Han aportado recortes de periódico", lamentó Pérez, quien resumió la sentencia aludiendo a al párrafo en el que se destaca la "falta de esfuerzo probatorio" de la empresa.

A tal efecto, Beltrán Pérez consideró que tanto el despido de Ponce cuando los hechos esgrimidos para romper la relación contractual habían prescrito, como la "falta de esfuerzo probatorio" de la empresa ante el Juzgado de lo Social número once, ponen de relieve que este despido fue "un paripé", un "despido trampa, impostado y pactado" para simular una reacción ante la opinión pública sin perjudicar el "pacto de silencio" que, según los populares, vincula al Gobierno municipal con los ex directivos Mellet y Ponce.

Prueba de ello, según dijo, es que Ponce "va a tener que ser readmitido" en las filas de la empresa, extremo por el cual, como consejero de Mercasevilla, ha solicitado a la dirección, encabezada por Jordi Maymó, "toda la documentación" correspondiente al despido del ex director adjunto y la posterior defensa de tal acto disciplinario ante la juez. En el caso de que el PP encuentra pruebas de la "absoluta connivencia" entre el Gobierno municipal y Ponce que, según dijo, se desprende de este caso, solicitará "todas las responsabilidades" a su alcance.