Por una parte, existía una empresa dedicada al transporte de mercancías con camiones de gran tonelaje, cuyos trabajadores era la encargados de dirigirse a Gijón, comprar el carbón de peor calidad a través de la otra empresa asociada, que en realidad era un apartamento ubicado en Gijón, trasladarlo hasta la mina, bascularlo y mezclarlo, para posteriormente trasladarlo a la térmica.

Estas dos empresas obtuvieron beneficios muy elevados, en torno al millón de euros anuales, no declarando ninguna de ellas a la Hacienda Pública. Una idea de los beneficios obtenidos por la explotación minera es que presuntamente en los años 2007, 2008 y 2009 adquirió una cantidad media de más de 8.000 toneladas anuales, según la Policía.

Esto le permitió acceder a ayudas del MINER, por un valor acumulado de 8.700.000 euros desde el año 2003, pagadas entorno a los 715.000 euros anuales, cobrados mes a mes, por extraer carbón autóctono por un máximo de 20.000 toneladas anuales.

De tal manera que la explotación tan sólo extraía entorno al 50 por ciento de la cantidad asignada, pero accedía al 100 por 100 de la subvención de forma fraudulenta.

Por otra parte, la investigación se ha centrado en un grupo de trabajadores que perteneciendo a la plantilla de la Mina, jamás pisaban la explotación y que incluso se auto liquidaban sus seguros sociales presuntamente, previo acuerdo con el responsable de la Mina, para en un futuro aprovecharse de las prejubilaciones del sector.

La escasa actividad de la mina era mantenida por doce operarios que acudían a diario a pesar de que dieciocho trabajadores, más cuatro subcontratados, figuraban inscritos en la Seguridad Social. Para llevar a cabo las labores propias de la explotación empleaban como maquinaria dos mulas.

Por el momento no se han efectuado más detenciones. A las tres personas detenidas se les imputan dos delitos, el primero contra la Hacienda Pública, por no haber declarado parte de las subvenciones recibidas y el segundo, por falsificación de documento mercantil, por expedir nóminas y certificados de haberes por contratos de trabajo simulados.

Se continúa la investigación para determinar si han podido incurrir en un delito contra los derechos de los trabajadores. Asimismo, el Grupo de Judicial de la Comisaría de Mieres ha procedido a dar cuenta a la Autoridad laboral de infracciones muy graves a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), así como a la Agencia Tributaria.