Dos órdenes de mandos policiales, una de ellas de uso "restringido" para las unidades de extranjería, han colmado la paciencia de los sindicatos policiales. Tanto, que estudian acudir a los tribunales ya que no están dispuestos a que esas órdenes obliguen a los agentes a realizar "detenciones ilegales" de sin papeles.

La primera está fechada el 14 de enero y parte de la Jefatura de Policía de Madrid. Es una especie de manual sobre cómo se deben hacer las detenciones de extranjeros sin papeles. En ella se amenaza con sancionar a los policías que se nieguen a tramitar esos arrestos.

La segunda está fechada el 25 de enero y está firmada por el comisario general de Extranjería, y ordena la detención de cualquier inmigrante que en ese momento no pueda acreditar su identidad o si está legalmente en España.

Esta orden habla de "detención preventiva" de cualquiera que, aun siendo regular, no pueda acreditarlo en ese momento. Este arresto "cautelar" tiene el amparo de la nueva Ley de Extranjería, aprobada en diciembre, pero sólo como una opción no como una obligación. Es más, la orden policial crea una nueva figura jurídica que no aparece en la ley: la detención "a efectos de identificación".

La Policía ordena esas "detenciones cautelares" como paso previo al expediente de expulsión, sin saber si en cada caso hay una causa real que la justifique. Es decir, ordena privar de libertad sin conocer todavía si ese caso desembocará en una orden de expulsión o en una simple multa, otra de las posibilidades de la ley. Por último, exige que haya siempre, las 24 horas del día, alguien en la comisaría con potestad para iniciar "el expediente de expulsión a la mayor brevedad y en el mínimo tiempo".

Impugnar la orden

Los sindicatos SUP y CEP anunciaron este martes que impugnarán esta orden ante la Justicia, ya que ampara "prácticas policiales que vulneran derechos civiles de ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los policías, que pueden incurrir en detenciones ilegales".

El Consejo General de la Abogacía ha tildado de "xenófoba" esta orden, que se ha distribuido por las comisarías de toda España, ya que es una suerte de "reglamento" de la Ley de Extranjería "encubierto" que "afecta a derechos fundamentales". Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado es "lo más grave y contrario a la ley que hemos visto en 20 años". En los dos últimos años se ha deportado a 84.000 inmigrantes.

Orden restringida y sin difusión

La confidencialidad del texto aparece al pie de todas las páginas, un documento "de uso restringido para unidades de extranjería" y de difusión "prohibida". Tanto secretismo parece sospechoso, ya que la Secretaría de Estado de Inmigración tiene instrucciones de hacer públicas todas las circulares internas que afecten al derecho de defensa de los extranjeros. El Defensor del Pueblo insiste en que sean publicadas en boletines oficiales para evitar una suerte de 'infraderecho', ajeno al conocimiento de abogados y jueces.