La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de la capital a indemnizar a una familia de origen boliviana a la que el 22 de abril de 2008 derribó su vivienda, situada en la Cañada Real, en el distrito de Vicálvaro.

La sentencia, con fecha de 30 de diciembre de 2009, revoca la resolución que dictó en primera instancia el Juzgado Contencioso-administrativo número 20 de Madrid, estima parcialmente el recurso interpuesto por la familia y declara que la entrada en el domicilio de ésta por parte de la Administración local "vulneró" el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio que recoge el artículo 18.2 de la Constitución Española.

En los fundamentos de derecho, el TSJM afirma que "lo que se impugna es que la Administración procediera a la demolición sin haber notificado previamente a los interesados la existencia del procedimiento y sin solicitar auto de entrada para su vivienda".

"Lo definitivo", señala la sentencia, es que la autorización judicial se otorgó para la entrada de la vivienda número 63, escalera A, de la Cañada Real, ocupada por Arminda F.T., y los agentes de la Administración ejecutaron la diligencia en la vivienda del número 61, planta 3ª, puerta derecha, ocupada por Ronald Juan Arnez y Olga Almendras y sus dos hijos menores, "y no hay prueba de que estos inmuebles sean el mismo".

Las familias desalojadas, en una iglesia

La abogada que ha defendido a esta familia, Sonia Rello, otras dos letradas y el propio Ronald han celebrado este martes una conferencia de prensa en la parroquia San Carlos Borromeo, donde ésta y otras nueve familias (en total, 28 adultos y 12 menores) encontraron un techo tras ser desalojadas de sus casas.

Las abogadas han explicado la sentencia y han insistido en solicitar, a través del TSJM, al Ayuntamiento de Madrid que "repare, al menos, el daño ocasionado a la familia", por lo que se solicitará una vivienda donde pueda rehacer su vida.

También han anunciado que pedirán a la Delegación del Gobierno la "agilización y concesión" de la tarjeta de residencia ya que, en aquellos momentos, la familia estaba tramitando la documentación para solicitar el arraigo y "todo quedó bajo los escombros", según ha recordado Ronald.

El párroco de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, ha destacado que además de la familia ahora amparada por los tribunales hay otras nueve que están en la misma situación.

Baeza espera que la sentencia sirva para que el Ayuntamiento de Madrid deje de actuar de una manera "tan arbitraria". "No se puede ir atropellando a las personas", ha concluido.