En declaraciones a Europa Press, el portavoz municipal adjunto del PP y consejero de Mercasevilla Beltrán Pérez consideró que intentar pedir responsabilidades "a quien denuncia que una empresa pública en quiebra ha pagado cantidades indecentes en mariscadas durante diez años" es de "sinvergüenzas, especie que parece que no se ha extinguido en Mercasevilla tras la dimisión voluntaria de algunos de sus anteriores gestores".

Por ello, Pérez pidió a Mercasevilla que sus servicios jurídicos "aclaren el costo y el destinatario de diez años de mariscadas en Mercasevilla", recomendando que "aclaren si en la empresa hay una contabilidad B antes de pedir responsabilidad alguna, no vaya a ser que alguien se caiga con todo el equipo".

Para el consejero popular de Mercasevilla, es "irrefutable" que el ente pagó esas mariscadas por Navidad con facturas "firmadas por el socio de Mir y Gómez de Celis por aquellas fechas en una caseta de Feria —en alusión al ex director general y principal imputado en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a empresarios, Fernando Mellet— junto a otro de los imputados, Domingo Enrique Castaño". "Hubiera sido curioso ver el baile por sevillanas de tanto imputado en tan pocos metros cuadrados como los que tiene la caseta", ironizó.

Asimismo, Pérez recordó que hasta el pasado mes de mayo los servicios jurídicos de Mercasevilla "no fueron otros que los de otro de los imputados en la causa por la venta fraudulenta de los terrenos de Mercasevilla, Jorge Piñero", al tiempo que lamentó su "manifiesta inutilidad" a la hora de presentar una querella contra Mellet, "puesto que no aportaron el primer informe de Deloitte en su querella, hoy archivada y pendiente de recurso", o de determinar los beneficiarios de una mariscada "con un coste muy por encima del salario mínimo interprofesional con el que tienen que vivir miles de sevillanos".

"Nuestra denuncia fue sobre los gastos indecentes que abonaba Mercasevilla en concepto de mariscada y en ningún caso se hizo alusión a los destinatarios", finalizó, concluyendo que "si alguien quiere pedir responsabilidades que lo haga en ese sitio donde las partes pueden acabar accediendo a información que se le niega en los consejos de administración, que deben ser para sacar a la empresa de la quiebra y no para perseguir a quienes defendemos la ética en la gestión de los fondos públicos".