Así lo advirtió hoy la portavoz de la plataforma, Maite Luengo, quien compareció en rueda de prensa junto a otros miembros, para informar de la "desprotección y el deterioro" de los restos del complejo palatino y barrio andalusí de San Esteban dos meses después de que una orden judicial paralizara cautelarmente el "desmontaje y traslado" de los elementos arqueológicos.

En concreto, la plataforma criticó que "más del 25 por ciento del yacimiento, tal y como aseguraron los directores de la excavación, se encuentra en un avanzado proceso de degradación, y los muros, hechos de tapial de tierra, se están degradando por las lluvias", al tiempo que advirtió que los restos "no podrán aguantar otros dos meses más a la intemperie".

En este sentido, la plataforma indicó que "mantiene" sus exigencias ante la Administración regional y reclama "la depuración de responsabilidades frente a la destrucción por la vía de la omisión del deber de conservación, y por la demostrada incompetencia en la gestión del patrimonio e intento de manipulación a los ciudadanos".

Igualmente, reclamó la "creación de un comité técnico multidisciplinar formado por un arquitecto, un restaurador, un técnico de patrimonio y los dos directores de la excavación para tomar decisiones urgentes con el fin de proteger el yacimiento y evitar su progresiva destrucción".

De la misma forma, reivindicó una "actuación urgente sobre el yacimiento, la paralización del proyecto del Ayuntamiento para enterrar los restos y la redacción de un proyecto para terminar la excavación y, al mismo tiempo, proceder a su protección". Así, indicaron que las excavaciones "deben continuar bajo la dirección de quienes, hasta ahora, eran los arqueólogos directores".

Según Luengo, se trata de dos meses con el yacimiento "completamente abandonado a su suerte y sufriendo las inclemencias del tiempo, dos meses de lluvias, inundaciones y daños irreversibles en un yacimiento que en estos momentos cuenta con la protección legal de Bien de Interés Cultural, y dos meses de incompetencia y pasividad camufladas de absurda burocracia".

A su juicio, esta burocracia "está consiguiendo destruir lo que las máquinas y las picoletas no consiguieron destruir el pasado 9 de diciembre", cuando la orden judicial "paralizó el desmontaje de los muros del yacimiento que había sido autorizado días atrás por la Consejería de Cultura y Turismo", aunque esa misma administración "paralizó posteriormente todos los trabajos de excavación".

La portavoz confirmó que han transcurrido dos meses "de manipulación a la ciudadanía y comunicados engañosos en los que se está permitiendo la degradación, ladrillo a ladrillo y muro a muro de los más importantes yacimientos de la Región de Murcia y, probablemente, de toda España".

Al respecto, dijo desconocer "si existe un informe escrito y firmado por algún técnico cualificado sobre el estado del yacimiento y que demuestre la inexistencia de daños en el mismo", pero dudó que "exista un técnico independiente capaz de firmar un texto de esas características".

Además, la plataforma criticó que los dos operarios que fumigaron el yacimiento con herbicidas "estuvieron más de media hora deambulando en solitario por el mismo sin estar supervisados por un técnico cualificado", y manifestaron que "permitir esa situación es un nuevo acto de irresponsabilidad por parte de las administraciones y acrecienta la degradación de los restos".

Luengo arremetió contra el Ayuntamiento de Murcia y contra la Consejería de Cultura y Turismo, que "intentaron justificar hasta el mismo día de la paralización judicial que era posible hacer el aparcamiento y que el traslado no dañaría el yacimiento, a pesar de las opiniones en contra de todos los profesionales independientes que fueron consultados".