El consejero de Sanidad, Luis Truan, anunció hoy que el Gobierno regional recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que ratifica que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) vulneró la protección de datos al colgar información sobre cinco pacientes en tratamiento con metadona en un tablón del centro de salud de Santoña.

Según la secretaria general del PP, María José Sáenz de Buruaga, la decisión de presentar recurso de casación "no puede ser más indecente" y demuestra la falta de "inteligencia, de coraje y de honor" del SCS para "rectificar" y su "falta de valentía para reconocer que, por alguna extraña razón", tiene que mantener en su cargo al gerente del área de Atención Primaria Santander-Laredo, José Manuel Liendo, que fue quien colocó el papel con los datos.

Truan y Sáenz de Buruaga plasmaron así sus posturas sobre este asunto en el Pleno del Parlamento donde el consejero tuvo que contestar a una interpelación de la oposición sobre la sentencia de la Audiencia Nacional que rechaza el recurso de la administración cántabra y ratifica la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos.

El consejero mostró su "absoluto respeto" por el fallo judicial, pero adelantó que "esto no está terminado", porque los Servicios Jurídicos, "si es posible, presentarán recurso". Y es que, según Truan, no hubo exposición de los datos al público, puesto que la información sobre tratamientos se colocó en un tablón interno ubicado en un área "reservada y restringida al acceso público".

De hecho, para el consejero resulta "curioso" que haya quienes consideran que colgar esos datos en un tablón vulnera el "secreto" médico y la confidencialidad, y no piensan lo mismo del hecho de recibir el tratamiento en unidades móviles en la calle a la vista de todo el mundo, con la "estigmatización y nula confidencialidad" que ello supone.

También considera "irónico" que el PP pregunte ahora por responsabilidades políticas cuando la resolución de la Agencia de Protección de Datos no propone actuaciones disciplinarias y lo que requiere es que se adopten medidas de carácter interno para que no vuelvan a producirse vulneraciones de la protección de datos.

Y en este sentido, Truan explicó que ya se ha actuado, de forma que se han revisado los "circuitos internos" para "extremar" la protección y confidencialidad en toda la red, tanto de Atención Primaria como de Atención Especializada.

"gobierno cómplice"

Sin embargo, la diputada 'popular' consideró que no se han adoptado medidas internas para que no vuelva a ocurrir, puesto que el "infractor", el gerente del área Santander-Laredo, "continúa en su cargo y haciendo de las suyas".

En opinión de Sáenz de Buruaga, lo sucedido, más allá de esas medidas internas, debe tener consecuencias "jurídicas, políticas y éticas", incluido el cese, porque Liendo "carece de la necesaria dignidad y autoridad para seguir un minuto más en el cargo y está inhabilitado desde todos los puntos de vista para ejercer sus funciones".

Consideró que debe haber consecuencias políticas porque Liendo es un cargo directivo nombrado por el Gobierno que "fue capaz de saltarse todos los límites para imponer su autoritarismo", y recalcó que el presidente y la vicepresidenta regional, Miguel Ángel Revilla y Dolores Gorostiaga, son "más responsables que nadie", porque le respaldaron con su voto en el Parlamento y le mantienen en el cargo.

Tras afirmar que el recurso del Gobierno está "fracasado de antemano" y es una "maniobra para mantener" a Liendo en el puesto, Sáenz de Buruaga denunció que el Ejecutivo "no está por defender los derechos de los ciudadanos, sino por defenderse a sí mismo y a sus altos cargos".

Desde su punto de vista, el Gobierno ha sido "consentidor, cómplice y directo responsable" de las acciones de Liendo, al que "sigue dando cobijo", mientras él se dedica a "imponer su despotismo" llegando a "las prácticas más deleznables, al más puro estilo Del Olmo", un estilo que, según comentó, "está impregnando y acabará siendo la seña del Gobierno".

"Yo pensaba que esto no podía salir gratis. Resulta vergonzoso, insostenible políticamente y contrario a toda ética", lamentó la diputada, quien recriminó además al Ejecutivo por "parapetarse" en el programa de dispensación de metadona "para cometer no pocos atropellos".

Se ha hecho bien

Frente a ello, el consejero defendió el programa de dispensación de metadona y el cambio adoptado en su día para integrarlo en los centros de salud. En la Consejería y el SCS están "convencidos" de que se han hecho "las cosas bien".

Según Truan, pese a algunas "resistencias" a las que tuvo que hacer frente la Consejería (dirigida entonces por Rosario Quintana) y a la "falta de colaboración" de algunos profesionales "respaldados" por el PP, la atención de estos pacientes hoy se ha normalizado, más de 400 son atendidos en los centros de salud y la evaluación de 2009 ratifica su "integración" y las "ventajas terapéuticas y sociales".