Según indicó esta entidad en un comunicado, es necesario que se aclare si la niña está protegida por alguna administración local y por la propia Generalitat valenciana —tutora de la menor—, o si, por contra, estas entidades "están favoreciendo las estrategias y actuaciones de su madre, su familia y de los posibles abogados que les representan, como podría ser de Marcos García Montes".

En primer lugar, la asociación solicita que se revise si el empadronamiento de la menor fue realizado con todas las garantías para ella, no emancipada, "ya que no contaba con el consentimiento del padre o de orden judicial alguna", alegan.

En segundo término, pide que se tenga "muy presente" en este estudio las "graves responsabilidades" de la Generalitat, por si su actuación "ha debido ser otra", y "debe de modificar su pasada y actual manera de proceder en este caso dramático, en que la publicidad que da su familia puede ser muy negativa para la menor no emancipada".

En este sentido, explica que "podemos encontrarnos con que la Generalitat está siendo el guardián de un rehén en las decisiones de su madre, y al servicio de sus pretensiones o de las de su familia".

"Sería muy grave —agrega— que María José y su familia hayan tenido y tengan la seguridad de que la Generalitat no va a tomar ninguna decisión que implique la posible entrega de la niña a su padre, en libertad, mientras su madre lleva tres años en prisión".

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