Así lo anunciaron hoy a Europa Press fuentes del comité de empresa, que ya había criticado que estas medidas sancionadoras se interpusieron "de manera injusta y sin cumplir con los requisitos formales que exige la legislación", motivos por los que ha venido manifestando en reiteradas ocasiones su "disconformidad" con ellas.

Según los trabajadores, éstas fueron "impuestas de manera improvisada, sin fundamentos reales, de manera indiscriminada, y muy especialmente por no favorecer un clima de diálogo apropiado para abordar la negociación de las condiciones de la privatización de la empresa".

Con esta decisión se evita que el comité de empresa y los trabajadores afectados recurran a los órganos de arbitraje de la Delegación de Empleo, incluso al Juzgado de lo Social en último caso. El pasado 26 de enero los trabajadores de Aguas de Huelva desconvocaron una huelga general que se iba a celebrar al día siguiente, pero siguen sin aceptar el proceso de privatización.