En declaraciones a Europa Press, el decano Blas Jesús Imbroda señaló que esta situación, que ha sido trasladada al Defensor del Pueblo, tras su aprobación el 25 de mayo de 2009 en dicha comisión por los representantes del Estado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, también podría ser denunciada ante otras instancias, como las judiciales.

Imbroda tachó la medida como "absurda e injustificada" además de "incoherente" porque a esos mismos inmigrantes a los que se niega la asistencia jurídica gratuita "cuando se trata de un proceso administrativo", luego "no sucede lo mismo cuando es un proceso penal". Es decir, que un mismo irregular marroquí tendrá derecho a abogado gratis si no tiene medios económicos dependiendo de la acusación que penda sobre él.

Además el decano del Colegio de Abogados dijo que una muestra más de esta "incoherencia" es que a los 'sin papeles' marroquíes les pida que vayan a Marruecos a lograr la documentación que demuestre que no tienen medios económicos, para poder beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita, pero sin embargo "ya no podrían pasar a Melilla" porque sobre ellos pesa una orden de expulsión.

La medida que se aplica en Melilla desde mayo de 2009 con los marroquíes a los que se abre orden de devolución a su país por estancia ilegal en el territorio nacional no se sigue en el resto del país, ni siquiera en una ciudad de similares características como Ceuta, según criticó el Colegio de Abogados, que ha puesto el caso en manos de la Oficina del Defensor del Pueblo, institución que ha abierto una expediente para investigar la denuncia.

Blas Jesús Imbroda señaló que todo obedece a razones económicas porque el marroquí es el colectivo más numeroso en las expulsiones que se dictan anualmente en Melilla, en concreto una media de 1.300 magrebíes por ejercicio, que suponen para el Estado un ahorro de cerca de medio millón de euros. El Colegio de Abogados, mientras se resuelven sus denuncias contra "esta discriminación" en relación a otros inmigrantes, atiende con sus medios a los marroquíes con procesos de devolución "para que no sufran una indefensión jurídica".