La Fiscalía ha solicitado para la propietaria de una cafetería de la localidad onubense de Ayamonte una pena de tres años de cárcel, el pago de 26.600 euros y la inhabilitación especial para el desempeño de la profesión u oficio que desempeñaba durante tres años, por un presunto delito de contaminación acústica y provocar a los denunciantes "trastornos somáticos y psíquicos".

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, cuatro personas "vienen sufriendo" en sus domicilios sitos en Ayamonte la contaminación acústica ocasionada desde el año 2003 por una cafetería, situada en los bajos de la finca y, en concreto, tanto por el ruido interior como por el ocasionado por los veladores instalados en el acerado de la calle.

Esta situación ha producido en los denunciantes "una situación de graves trastornos somáticos y psíquicos". Así el 30 de Septiembre de 2008 éstos aportaron informes médicos-psiquiátricos que ponen de manifiesto como los mismos padecen "trastornos adaptativos ansioso-depresivos con alteraciones del sueño y problemas cognitivos y de rendimiento diurno que merman su calidad de vida con una relación causa-efecto con los ruidos en sus domicilios".

Estos informes han sido ratificados por el médico forense, quien después de examinar a los afectados, llegó a la conclusión de que estas cuatro personas presentaban "un trastorno adaptativo mixto de ansiedad y depresión; síntomas emocionales en muy probable relación con la exposición continuada al ruido y la falta de sueño, tales como escasez de concentración, estado de fuerte tensión y cambios de temperamento, y síntomas físicos también atribuibles a la exposición continuada al ruido, tales como cefaleas y herpes zoster.

Numerosas denuncias

Han sido numerosas las denuncias de estas personas ante el Ayuntamiento de la localidad y Policía Local sobre el ruido y molestias del local entre 2003 y 2008, así como hay mediciones de ruidos realizadas por EGMASA en distintas fechas, concretamente los días 14 y 15 de mayo de 2007; 24 y 25 de julio de 2008 y 6 y 7 de noviembre de ese mismo año, que recogen que la medida de aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos "superan el valor límite de inmisión permitido por la legislación vigente".

El escrito indica a su vez que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, inició un expediente de queja en el que recomendó al Ayuntamiento "la adopción de medidas con sucesivos recordatorios y sin obtener respuestas".

Por todo ello, se inició un procedimiento contencioso-administrativo, en el que el juzgado en sentencia de 13-12-2007, dando la razón a los denunciantes, declaraba la nulidad de la resolución del Ayuntamiento que otorgaba licencia al establecimiento, ordenando la clausura del mismo hasta la realización de las obras necesarias para insonorizar el local de forma que cumpla la legalidad vigente, y encomendando al Ayuntamiento el ejercicio de las labores de inspección y sanción que le corresponden legalmente y la realización de nueva medición acústica.