El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia tramitó en su primer año de funcionamiento un total de 645 quejas, de las que 562 están analizadas y resueltas, lo que representa el 87 por ciento, mientras que el resto (83), se encuentran en distintas fases de tramitación.

Datos que representan, a juicio del Defensor del Pueblo de esta Comunidad, José Pablo Ruiz Abellán, "muchos problemas", puesto que la cifra de las 645 reclamaciones "significan problemas que existen en la sociedad al formularnos los ciudadanos denuncias y peticiones de ayuda, y que dan incluso lugar a represiones".

En este sentido, dejó claro que el Defensor del Pueblo de Murcia "es perfectamente conocida", tal y como lo demuestra el hecho de que la evolución de las reclamaciones ha registrado un incremento un 28 por ciento en enero de 2010 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Del total de quejas recibidas, Ruiz Abellán puntualizó que se admitieron a trámite el 75 por ciento, mientras que el 25 por ciento restante no lo hicieron por "falta de documentación y porque la denuncia ya está judicializada (en trámite judicial o con sentencia)".

La vía por la que se presentaron las quejas por parte de los ciudadanos fue en el 43 por ciento de los casos de forma presencial, y un 28 por ciento a través de medios electrónicos, por correo electrónico o a través del formulario que se puede descargar en la web. Mientras que un 20 por ciento fue por correspondencia ordinaria.

Medio ambiente,

Bienestar social y educación.

En este balance ofrecido hoy por Ruiz Abellán, resalta que la mayoría de las quejas de los murcianos correspondieron al medio ambiente, que supone el 9,5 por ciento del total (61 reclamaciones), con episodios relacionados en su mayoría con contaminación acústica, salud ambiental y contaminación atmosférica.

En concreto, sólo las quejas asociadas a episodios de ruidos sufridos por los ciudadanos murcianos constituyen la mayor parte del total de las quejas clasificadas en esta temática relacionada con el medio ambiente, representando 41 de las 61 recibidas, y que suelen ser por el excesivo ruido generado en los lugares de ocio nocturno.

Igualmente, destacó que frente a las cuatro quejas que llegaron y que tienen competencia en el ámbito de los deportes, el Defensor del Pueblo registró 52 reclamaciones sobre temas de bienestar social (8 por ciento del total), siendo las más numerosas aquellas relacionadas con la Ley de Dependencia, que ascienden a una treintena (4,6 por ciento).

Se trata, sostuvo, de personas "que han sido valoradas y todavía no se les ha dado su prestación económica, que han tardado mucho tiempo en hacerle una valoración, o en llegar los Servicios Sociales a sus viviendas para ver el grado de dependencia".

Quejas que se realizaron en 2007 y principios de 2008, cuando la Ley de Dependencia "causó unas expectativas muy grandes en los ciudadanos al intuir que recibirían prestaciones económicas por las cuales se iban a ver favorecidos".

Ello propició, según comentó, "una demanda de decenas de miles de ciudadanos a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y a los servicios sociales de los ayuntamientos, que colapsaron estos organismos y ocasionó que las personas que tenían mayor prioridad en recibir esta prestación vieran retrasada su ayuda".

En una segunda etapa, que corresponde al día de hoy, Ruiz Abellán identificó tres problemas relacionados con esta causa y que pasan por "la falta de una regulación integral del procedimiento, por el cual un ciudadano llega a recibir la prestación de esta ley, que propicia que éstos inicialmente no entreguen toda la documentación, ya que no se les pide, y después se les solicita de nuevo, con lo cual da lugar a retrasos que podían haber sido resueltos con anterioridad".

Otro de los problemas que producen "confusión" en la sociedad es aquel concerniente al desarrollo de la Ley en el tema del copago, "que se ha tardado mucho en llevar a cabo", así como el de compatibilidad.

A tenor de estos problemas, el Defensor del Pueblo de la Región ha realizado una resolución encaminada a urgir a la Consejería competente para que "cuanto antes desarrolle la ley y evite estos retrasos que producen un gran malestar en los ciudadanos".

En cuanto al ámbito educativo, Ruiz Abellán avanzó que la institución que preside "ha hecho unas resoluciones dirigidas a la Consejería del ramo para que resuelven estos temas".

Así, el derecho a la Educación configura uno de los ámbitos con más prestaciones de la actividad administrativa, junto a la sanidad y a los servicios sociales. En concreto se han recibido 45 quejas, lo que representa un 7 por ciento del total, de las cuales la mayoría se refieren a educación no universitaria, y sólo dos quejas a educación universitaria.

En algunos casos se informó al ciudadano sobre el procedimiento establecido para la admisión, corroborando la actuación correcta de la administración, y en otros se hizo la recomendación necesaria para que en próximos cursos se publicaran en la forma correcta las instrucciones que pudieran afectar a los ciudadanos en materia de admisión a centros. En otros casos, el Defensor del Pueblo intermedió para que no se procediera al cierre de centros docentes en zonas rurales.

También se recibieron varias quejas relacionadas con la negativa de los padres a que sus hijos cursaran la asignatura de educación para la ciudadanía.

Entre otros asuntos, los ciudadanos han denunciado el mal estado de instalaciones escolares y la discriminación en los menús de los comedores escolares.

Por último, en el apartado de relación con las administraciones destacó la colaboración que los distintos organismos han prestado en todo momento en el desempeño del trabajo del Defensor del Pueblo, tanto en su labor de investigación, cuando se han reclamado informes sobre los asuntos objetos de la queja, como en la aceptación de las resoluciones, que el Defensor ha elaborado para corregir una situación que podía suponer un menoscabo de los derechos o libertades del ciudadano y que ocasionó la queja.

Así, la Administración Autonómica representa el 30 por ciento del total, la Local el 39 por ciento, y los órganos de la Administración del Estado el 4 por ciento. Por municipios, un total de 49 quejas han llegado del término de Murcia seguido de las 12 de Cartagena y en tercer lugar, San Javier, con ocho quejas.

Informes monográficos.

De este modo, Ruiz Abellán adelantó que las quejas tramitadas en este primer año de trabajo "servirán para determinar cuáles son los asuntos qué preocupan a la sociedad murciana, principalmente los relacionados con el catálogo de prestaciones de la Administración".

De manera que estas áreas van a centrar el trabajo de los informes monográficos e investigaciones de oficio que se llevarán a cabo a lo largo del presente año.

Algunos de estos problemas concretos a los que se harán referencia son aquellos que "se pueden crear con la situación que se genera en la residencia de personas mayores". Y es que, en estas residencias se acogían desde hace años a personas "validadas y asistidas", es decir, que gozan de buena salud física pero que acuden a estos lugares para tener una asistencia adecuada.

Sin embargo, Ruiz Abellán advirtió que "el problema que ahora se está generando es que con la Ley de Dependencia, al final la residencia de personas mayores se está convirtiendo en una residencia de grandes dependientes"; un asunto que, aseguró, "se abordará este año en las mejores condiciones posibles".